Tijuana, Baja California, 22 de junio de 2026.- La Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, a través de su presidenta Estefanía Campos, exigió a las autoridades estatales abrir al escrutinio público la operación de los albergues temporales del DIF en Tijuana, luego de que se registrara un nuevo intento de evasión por parte de tres adolescentes en la canalización de la Tercera Etapa del Río.
El incidente ha reavivado las críticas de diversos sectores civiles, quienes demandan una revisión integral sobre las condiciones físicas, psicológicas y operativas en las que se encuentran los menores bajo el resguardo de la institución gubernamental. De acuerdo con las abogadas, las evasiones continuas exigen un análisis exhaustivo que no se limite al control de las instalaciones, sino a los factores de fondo que propician el descontento de las infancias.
Al respecto, la líder del gremio de abogadas enfatizó la urgencia de cambiar la perspectiva con la que se analizan estos sucesos recurrentes en el municipio fronterizo.
“Yo creo que aquí la pregunta más clara no es cómo, sino por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? Y esto lo va a tener que responder la Fiscalía a través de la investigación que se realice”, declaró Estefanía Campos.
La litigante precisó que las investigaciones deberán esclarecer si existen omisiones del personal a cargo de la tutela del Estado.
Fiscalía investigará el cumplimiento de protocolos estatales
El caso del intento de evasión de las tres adolescentes se encuentra bajo análisis de la Fiscalía General del Estado para deslindar las responsabilidades jurídicas conducentes. La autoridad judicial deberá auditar las bitácoras de vigilancia y los esquemas de contención aplicados durante el turno en que se suscitó el altercado en la Tercera Etapa del Río.
La evaluación determinará si los trabajadores operativos se apegaron estrictamente a los manuales de protección vigentes o si existieron factores de negligencia que facilitaron la salida de las menores de las áreas de resguardo seguro.
Exigencia de transparencia y revisión de programas internos
Para el organismo de profesionales del derecho, la opacidad con la que operan estos centros de asistencia social incrementa la incertidumbre comunitaria. Campos expuso que, si bien la opinión pública conoce de manera superficial la existencia de actividades lúdicas o de soporte emocional, los resultados actuales reflejan la necesidad de reestructurar las dinámicas de atención diaria.
“Yo creo que tratándose de nuestras infancias tenemos que ser lo más claros y lo más honestos posibles como sociedad y si tenemos un problema, pues tenemos que buscar la manera de abordarlo correctamente. Como bien comentas no es la primera ocasión en la que vemos a través de medios de comunicación que niños y adolescentes han escapado o se han intentado escapar de estos albergues DIF”, puntualizó la abogada.
Entornos de violencia previa requieren mayor acompañamiento integral
El perfil de los menores que ingresan a los albergues temporales del DIF incluye antecedentes de vulnerabilidad extrema, lo que complejiza su estadía y resguardo institucional. La Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco recordó que la mayoría de estos infantes han sido canalizados tras ser víctimas de delitos graves en sus propios núcleos familiares.
Casos de violencia intrafamiliar, abusos físicos, agresión sexual, negligencia y abandono total por parte de sus tutores legales forman parte del contexto de origen de la población bajo custodia del Estado. Por ello, las especialistas recalcan que la contención mecánica o el encierro no sustituyen la urgencia de implementar un verdadero sistema de acompañamiento permanente que atienda de raíz los traumas psicológicos de los menores.
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