Tijuana, Baja California, 20 de mayo de 2026.- La vicepresidenta de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, Corina López Páez, pidió evitar la polarización social generada tras la muerte del niño Vicente en Mexicali. La activista advirtió que convertir el debate público en una confrontación de causas afecta directamente las vías de acceso a la verdad y la justicia institucional en el estado.
Contexto de la postura de la organización
La declaración surge ante el creciente debate en la opinión pública de Baja California derivado del fallecimiento del menor en la capital de la entidad. De acuerdo con López Páez, transformar este acontecimiento en una disputa entre los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia crea una falsa dicotomía que no contribuye a la justicia ni a la paz social, entorpeciendo el análisis objetivo del suceso.
El llamado a la responsabilidad estatal e institucional
La representante de la organización civil expuso que tanto los derechos de las mujeres como los menores deben ser protegidos simultáneamente por el Estado, sin excluir una agenda sobre la otra. Asimismo, hizo un llamado a evitar la desinformación y el uso político o ideológico de la tragedia, al considerar que el caso no debe utilizarse para confrontar movimientos o causas sociales que persiguen la equidad y la protección de los sectores vulnerables.
Respeto a las garantías y debido proceso
La Red de Mujeres Unidas por Baja California reiteró su compromiso con la protección de las infancias, la defensa de los derechos humanos y el acceso a una justicia imparcial y basada en evidencia. La vicepresidenta añadió que, ante el impacto social del caso, es necesaria la responsabilidad institucional, el respeto al debido proceso y evitar discursos de odio o polarización que dificulten el acceso a la verdad y la justicia en las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes.
Impacto futuro para la población
El posicionamiento busca frenar la división en redes sociales y foros ciudadanos mientras las instancias judiciales desahogan las pruebas del caso. El seguimiento de este llamado dependerá de la prudencia de los actores políticos y sociales de Mexicali y el resto de la entidad para evitar que las movilizaciones o posicionamientos institucionales sigan fragmentando a la comunidad civil en torno a las agendas de género y de protección infantil.
