Tijuana, Baja California, 30 de abril de 2026.- El abogado Jorge Luis Fuentes Valdez denunció públicamente la existencia de una presunta red de corrupción que favorece despojos inmobiliarios en Tijuana a través de resoluciones judiciales irregulares. Tras presentar querellas penales contra jueces y funcionarios, el litigante sostuvo que el esquema opera mediante la manipulación de procesos civiles para beneficiar a terceros en la posesión de propiedades de alta plusvalía.
Jueces bajo la lupa penal
Las denuncias penales presentadas incluyen específicamente a los jueces civiles Pedro Galaf Hernández García y Juan Carlos Constantino Ortega Veiga. Asimismo, las querellas se extienden a una actuaria y dos abogadas, a quienes se les señala por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y despojo. Según Fuentes Valdez, las irregularidades procesales son evidentes y sugieren una coordinación indebida entre los juzgadores y las partes interesadas.
El caso Campestre Murua
El conflicto que detonó las denuncias penales deriva de la administración de 192 departamentos en el complejo Campestre Murua. El abogado explicó que se promovió un juicio de desahucio utilizando documentación presuntamente irregular. Un punto crítico que despertó sospechas fue la emisión de una resolución judicial en un periodo “inusualmente corto”, lo que a juicio del denunciante evidencia un favorecimiento indebido que rompe con los tiempos habituales del sistema de justicia.
Irregularidades en desalojos y notificaciones
Además de los tiempos procesales, la denuncia señala actos irregulares durante las diligencias, tales como notificaciones indebidas y desalojos ejecutados con apoyo policial de forma cuestionable. Fuentes Valdez advirtió que ampliará las acusaciones contra otros funcionarios tanto de Tijuana como de la Ciudad de México, involucrando a autoridades registrales, notariales y judiciales, al sostener que se trata de una red que opera de manera coordinada para ejecutar este tipo de despojos.
Impacto en la seguridad jurídica
Este caso pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial en Baja California. De proceder las denuncias, podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción inmobiliaria en la región fronteriza. Se espera que la Fiscalía General del Estado dé seguimiento a las pruebas presentadas para determinar la responsabilidad de los juzgadores y funcionarios señalados en esta presunta red de operación judicial.
