Tijuana, Baja California, 27 de abril de 2026.- Una mujer identificada como Eloína Gómez denunció públicamente la falta de avances en una investigación por presunto abuso sexual contra el presidente de una cámara empresarial en Tijuana. La afectada señaló que, a pesar de haber interpuesto la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) hace un año y medio, el proceso permanece estancado mientras las amenazas en su contra continúan.
Contexto de la denuncia penal
Los hechos habrían ocurrido en la oficina del señalado, donde la víctima laboraba bajo su mando. Según el relato de Gómez, el presunto agresor utilizó su posición jerárquica para amedrentarla tras el incidente. “Yo trabajé muchos años con él; fue en su oficina cuando pasó eso. Ese día me amenazó, me dijo que yo no iba a poder con él”, declaró la denunciante ante medios locales, subrayando que el vínculo laboral previo facilitó el acceso del agresor.
Irregularidades en la Fiscalía
La denunciante manifestó su frustración ante lo que considera una atención deficiente por parte de las autoridades investigadoras. Eloína Gómez afirmó que, al intentar aportar pruebas sobre las amenazas recientes que ha recibido, el personal de la Fiscalía argumenta fallas técnicas para no recibir la documentación. “No es posible que estén a favor de él; hasta ahorita no han hecho nada. Temo por mi vida, yo trabajé muchos años con él y sé cómo es”, enfatizó sobre el riesgo que percibe.
Intentos de soborno y amenazas
Además de la agresión original, la víctima reportó hostigamiento mediante llamadas y mensajes donde se le propone detener el proceso legal a cambio de beneficios económicos. Según su testimonio, el acusado ha buscado contactarla para llegar a un acuerdo monetario fuera de los tribunales. “Me ha ofrecido dinero, sí me ha buscado, sí me ha amenazado. La verdad sí temo, porque son amenazas fuertes. Tengo pruebas y me han dicho que me comunique con él para arreglar esto por medio de dinero. Solamente me dijo que cuánto yo quería”, expresó.
Llamado a la autoridad estatal
Ante el estancamiento del caso en la FGE, Gómez dirigió una petición directa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitando su intervención para garantizar que el estatus social o empresarial del acusado no influya en el acceso a la justicia. La víctima sugirió que podría haber más mujeres afectadas en el mismo entorno laboral que no han denunciado por temor a represalias similares.
