Tijuana, Baja California, 1 de abril de 2026.- La implementación de un acuerdo administrativo por parte del Poder Judicial del Estado de Baja California ha generado una fuerte fricción con el sector legal. Francisco Castro Trenti, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, denunció que la autoridad busca imponer de forma arbitraria requisitos de especialidad y maestría para el ejercicio de la abogacía, ignorando lo que dicta la Constitución Mexicana.
Un acuerdo contra la Constitución
El líder de los abogados en Tijuana explicó que el ejercicio de la profesión está regulado por la Ley General de Profesiones, la cual solo exige el título y la cédula de licenciatura. Por ello, considera que el Poder Judicial está excediendo sus atribuciones administrativas al intentar elevar estos estándares de manera obligatoria para participar en la oralidad y otros procesos.
“Es definitivamente anticonstitucional y que de insistir en ello va a dar margen a que abogados y abogadas de la región promuevan el juicio de amparo por violación a sus derechos constitucionales”, sostuvo Castro Trenti en relación con la defensa jurídica que emprenderán los afectados en la región.
Cuestionan requisitos para funcionarios
Otro punto crítico del reclamo es la disparidad entre las exigencias para los abogados externos y los funcionarios internos. El gremio solicita transparencia para conocer si los jueces, magistrados y actuarios que operan en los juzgados de Baja California poseen los grados académicos de posgrado que ahora se pretenden exigir a los litigantes particulares.
La falta de claridad en este aspecto es vista como una medida desigual que no garantiza una mejora en la calidad del servicio de justicia, sino que parece una restricción al trabajo profesional. El Colegio de Abogados Emilio Rabasa calificó el acuerdo como “desequilibrado e injusto” para los profesionales locales de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito.
Consecuencias legales inmediatas
El conflicto escala hacia una posible parálisis o retraso en procesos si los abogados optan por la vía del amparo masivo. La comunidad jurídica sostiene que la profesionalización es deseable, pero debe ser voluntaria y no una imposición que ignore la normativa federal superior.
El impacto futuro de esta medida podría redefinir la relación entre el foro de abogados y el Poder Judicial del Estado. Por ahora, el gremio se mantiene en alerta ante cualquier intento de aplicar estas restricciones que, aseguran, no tienen cabida en un estado de derecho respetuoso de las leyes de profesiones.
