Tijuana, Baja California, 1 de abril de 2026.- El Tribunal Superior de Justicia de Baja California anunció que se analiza la solicitud de una prórroga a nivel federal para la implementación de la defensa especializada en casos que involucran a menores. Esta medida es un requisito obligatorio del nuevo Código Nacional de Procedimientos Familiares y busca asegurar que cada niño o adolescente en el sistema judicial cuente con representación legal capacitada técnicamente en derechos de la infancia en la región.
Diálogo con autoridades federales
Isaac Fragoso López, magistrado presidente del TSJBC, informó que se contempla acudir a la Secretaría de Gobernación para proponer una modificación al artículo transitorio del código. El objetivo es dar un periodo mayor de implementación, que podría extenderse por un par de años más, permitiendo que tanto el consejo como los abogados litigantes en municipios como Tecate, Rosarito y Ensenada logren una transición ordenada y efectiva.
Claridad en los requisitos técnicos
Sobre la confusión generada en el gremio jurídico, Fragoso López enfatizó que la ley exige “especialización técnica”, lo cual ha sido interpretado por el comité de implementación local como una acreditación de conocimientos, mas no como una obligación de poseer grados académicos de alto nivel. Se aclaró que la intención de los redactores de la iniciativa federal siempre fue elevar la calidad de la defensa en temas delicados de la infancia, sin obstaculizar el desempeño de los litigantes.
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Capacitación y perfiles jurídicos
El magistrado subrayó que los operadores de justicia deben ser tratados bajo el mismo trazado legal, por lo que se validarán diversos perfiles. Por ejemplo, si un abogado cuenta con experiencia o estudios en derecho familiar, estos podrían ser considerados válidos para cumplir con el estándar exigido. “Lo que se está privilegiando es básicamente una defensa especializada”, puntualizó el titular del Poder Judicial, destacando la sensibilidad que requieren los derechos de la niñez.
Este proceso de ajuste legal marcará el rumbo de la justicia familiar en Baja California para los próximos tres años. El seguimiento del tema dependerá de la respuesta de las cámaras federales ante la propuesta de ampliación de plazo, lo que determinará la velocidad con la que los juzgados locales apliquen estas nuevas exigencias de profesionalización.
