Tijuana, Baja California, 29 de marzo de 2026.- La magistrada de circuito Priscila Valencia aclaró que juzgar con perspectiva de género en México no consiste en otorgar la razón a una mujer de forma automática, sino en analizar si existen desventajas estructurales que afecten el proceso. Esta herramienta constitucional busca garantizar que las sentencias sean completas y reparen adecuadamente las violaciones a derechos humanos.
Realidades sociales en la justicia
Durante una exposición sobre el tema, la integrante del Poder Judicial Federal comparó la visión limitada de algunos juzgadores con los implementos que usan los caballos de carrera para ver solo hacia enfrente. Según Valencia, cuando no se utiliza la perspectiva de género, se desconocen realidades sociales críticas, lo que deriva en una impartición de justicia incompleta.
“Si se quitan eso y empiezan a ver con unas gafas de realidades sociales como la mexicana, que es una realidad para las mujeres llena de desigualdades estructurales, pueden empezar a ver que a lo mejor la manera en la que se les juzgó o se les reparó no fue la suficiente”, explicó la magistrada.
Obligación constitucional y capacitación
La magistrada subrayó que el uso de esta metodología no es opcional, sino una obligación constitucional para quienes integran el sistema de justicia. Informó que dentro del Poder Judicial Federal existe un esfuerzo constante para capacitar no solo a jueces, sino a todo el personal operativo, incluyendo oficiales y actuarios, para fortalecer esta práctica.
El objetivo principal es lograr una “igualdad material” entre las partes involucradas. Valencia enfatizó que juzgar con esta visión implica detectar situaciones que pongan en desventaja a cualquiera de los géneros, ya sea hombre o mujer, dependiendo del caso específico.
El juicio de amparo como recurso
Finalmente, se destacó que el juicio de amparo permanece como la vía idónea para que la ciudadanía solicite la reparación de violaciones a sus derechos humanos cuando las sentencias previas no han considerado estos contextos de desigualdad.
Se espera que la implementación rigurosa de estos criterios reduzca la necesidad de recursos legales posteriores, al emitir resoluciones más justas y apegadas a la realidad social desde la primera instancia.
