Tijuana, 28 de diciembre de 2025.- La movilidad humana en México ocurre en un contexto donde la violencia no siempre es visible, pero sí constante. Extorsiones, secuestros, trata de personas y desapariciones forman parte del trayecto cotidiano de miles de migrantes, alertó José Luis Pérez Canchola, activista y defensor de derechos humanos.
El especialista explicó que una parte importante de estas agresiones permanece oculta dentro de las cifras oficiales, ya que muchas víctimas son registradas únicamente como personas migrantes, cuando en realidad han sido absorbidas por redes de explotación, particularmente mujeres jóvenes.
Indicó que en diversos puntos del país estas mujeres terminan sometidas a condiciones de trata laboral o sexual, sin que sus casos sean identificados como delitos. Esta distorsión estadística, dijo, impide su localización y limita cualquier posibilidad de acceso a la justicia.
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La situación es aún más delicada en el caso de niñas, niños y adolescentes que migran sin compañía. De acuerdo con Pérez Canchola, miles de menores huyen de la violencia en sus comunidades de origen o en Centroamérica, sin que existan sistemas sólidos para su protección integral durante el tránsito y la estancia en la frontera.
Ante este escenario, planteó la necesidad de una mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones civiles, así como de reforzar el trabajo de los albergues, que actualmente operan al límite de su capacidad.
Como medida inmediata, el defensor llamó a reactivar el Fondo de Inmigranidad, aprobado por el Congreso pero aún sin operación. Consideró que este instrumento permitiría atender la crisis desde una perspectiva estructural y no solo reactiva.
