Tijuana, Baja California, 27 de abril de 2026.- Tras los hallazgos reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), legisladores de la fracción panista en el Congreso de Baja California presentaron una denuncia penal por el delito de peculado ante la Fiscalía General del Estado. La acción legal se fundamenta en la presunta desaparición de recursos públicos federales que debían ser aplicados en obras de infraestructura para el municipio de Ensenada.
Faltante millonario en infraestructura
El señalamiento principal radica en la falta de comprobación del destino de aproximadamente 123 millones de pesos. Hassan Martín Franco Ruíz, secretario general del PAN en el estado, detalló que estos recursos corresponden a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y una parte de 2025. Según el órgano fiscalizador nacional, no existe evidencia administrativa ni contable que acredite en qué se gastó el dinero asignado originalmente para el desarrollo urbano ensenadense.
Acción derivada de auditoría federal
La dirigencia del PAN aclaró que esta denuncia no responde a un interés aislado, sino que es una consecuencia directa de las resoluciones emitidas por la ASF. El secretario general precisó que, al tratarse de fondos de origen federal, la opacidad en su manejo configura el delito de peculado, ya que el uso de los montos no pudo ser acreditado ante las instancias de revisión correspondientes durante los plazos legales establecidos.
Posibles sanciones de prisión
Los legisladores promoventes de la denuncia destacaron que, bajo el marco legal vigente en Baja California, el delito de peculado conlleva castigos severos. Debido a que el monto involucrado supera los límites establecidos en la ley, las sanciones para los funcionarios que resulten responsables podrían alcanzar hasta los 14 años de prisión. La denuncia busca que la Fiscalía Estatal inicie las indagatorias para deslindar responsabilidades y recuperar el patrimonio municipal.
Impacto en el desarrollo de Ensenada
Se espera que tras la presentación de esta denuncia, la Fiscalía General del Estado solicite la comparecencia de los encargados de las finanzas y obras públicas del periodo señalado. Este proceso legal ocurre en un momento crítico para la infraestructura de Ensenada, donde diversos proyectos han reportado retrasos. El seguimiento del caso determinará si hubo un desvío directo de fondos o una omisión grave en la integración de los expedientes técnicos comprobatorios.
