Por Isabel Mendoza
Baja California, 24 de abril de 2026.- Más de 30 mil unidades habitacionales serán construidas en Baja California con el objetivo de abatir el déficit inmobiliario que afecta a la región fronteriza. Este proyecto se integra a una estrategia nacional que busca edificar un millón de inmuebles bajo un modelo de arrendamiento social, diseñado para jóvenes y familias de escasos recursos que actualmente no tienen acceso a esquemas de compra tradicionales. La entidad ha sido señalada como prioritaria para el éxito de este programa, a pesar de los retos técnicos que presenta la zona en cuanto a la disponibilidad de suelo. Según explicó el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, la meta es garantizar un techo digno a los sectores más vulnerables.
La implementación de estas acciones se apoya en una reciente reforma constitucional en materia de vivienda que garantiza el derecho a un espacio adecuado para la ciudadanía. Como parte de este ordenamiento, se contempla la creación de mesas de coordinación para resolver la falta de certeza jurídica en los regímenes de propiedad de diversas colonias, una problemática que históricamente ha impedido que recursos federales, como el Ramo 33, se apliquen efectivamente en zonas de alta marginación.
Estos esfuerzos buscan también establecer mecanismos legales para mitigar los efectos de la gentrificación en la zona costa, de acuerdo con lo planteado por la diputada Guadalupe Chavira, de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento.
A la par del desarrollo inmobiliario, se proyecta una reestructuración en la gestión de los recursos hídricos para asegurar que el suministro llegue a todos los hogares con suficiencia y calidad. El plan incluye la liberación de millones de metros cúbicos de agua para consumo doméstico y producción de alimentos, bajo un esquema que busca poner orden y acabar con el desajuste en la dotación del recurso. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la prioridad legislativa es garantizar que el acceso al agua sea un derecho efectivo para todas las familias en sus hogares directamente en sus casas.
En municipios como Ensenada y Tijuana, el Infonavit ya proyecta metas específicas de desarrollo para cumplir con este mandato habitacional. El seguimiento de estas acciones incluye una revisión de cuentas y la fiscalización del presupuesto destinado a infraestructura básica para evitar el incumplimiento en zonas marginadas. Los legisladores federales enfatizaron que estas medidas son fundamentales para estabilizar el crecimiento urbano en la frontera y asegurar que el desarrollo de nuevas casas vaya de la mano con servicios básicos garantizados.
La consolidación de estas 30 mil viviendas y el ordenamiento del agua permitirán una mejor planeación urbana en Baja California. El siguiente paso consiste en la instalación formal de mesas de trabajo entre el gobierno federal y los ayuntamientos locales para agilizar la regularización de predios. Esto permitirá que la inversión en vivienda se materialice en los plazos establecidos, mejorando directamente el entorno social de la región fronteriza
