Tijuana, Baja California, 6 de marzo de 2026.-La ausencia de incentivos fiscales y el incremento de cargas laborales han provocado el cierre de casi 40,000 empresas en Baja California en los últimos cuatro años. Ante esta situación, el senador Máximo García planteó la necesidad de establecer por ley una tasa de IVA del 11% para la zona fronteriza.
Alerta por debilitamiento del sector formal
El estancamiento económico en la región ha encendido las alarmas entre empresarios y organismos productivos. Máximo García informó que la desaparición de estas unidades económicas es un indicador claro de la falta de políticas de fomento que permitan a los negocios prosperar bajo el marco de la formalidad.
Durante sesiones informativas con la Canaco, Coparmex y el CCE, se expuso que la incertidumbre sobre los estímulos fiscales vigentes impide la planeación a largo plazo. La industria restaurantera, representada por Canirac, también ha manifestado su preocupación por la viabilidad de sus operaciones bajo el esquema actual de costos.
Presión por nuevas disposiciones laborales
El análisis del sector productivo identifica que los aumentos al salario mínimo y la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas generan un impacto financiero significativo. Si bien estas medidas benefician al trabajador, su implementación sin incentivos compensatorios ha resultado difícil de absorber para los pequeños empresarios.
García advirtió que la consecuencia directa de este escenario es la migración a la informalidad. Sin una estrategia clara que apoye a las micro y pequeñas empresas, el ecosistema económico del estado corre el riesgo de seguir perdiendo contribuyentes y empleos con prestaciones de ley.
Una tasa impositiva con sustento legal
La iniciativa legislativa busca que el IVA del 11 por ciento deje de ser un beneficio condicionado a decisiones administrativas temporales. Al integrarlo directamente en la ley, se busca otorgar una base sólida de certidumbre económica que permita al sector productivo competir en igualdad de condiciones en la frontera norte.
Con esta propuesta, se pretende dar un respiro financiero a las empresas y asegurar que los estímulos fiscales sean una herramienta permanente de desarrollo. La meta es revertir la cifra de cierres y fortalecer la economía formal de Baja California ante los desafíos de los próximos años.
Cierre proyectivo: La discusión de esta iniciativa en las comisiones legislativas determinará si Baja California recupera su atractivo para la inversión formal o si continúa la tendencia de cierres empresariales.
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