Tijuana, 10 de octubre de 2025.- La nueva Ley de Amparo impondrá mayores requisitos para lograr la suspensión de actos de autoridad, lo que podría dificultar la protección de los ciudadanos frente a decisiones gubernamentales, aunque el proceso judicial será más ágil.
José Antonio Serratos García, presidente del Grupo Unidos por Tijuana, consideró que la reforma, pese a sus aspectos positivos, restringirá el acceso a la justicia. Como avance, destacó que ahora los jueces deberán dictar sentencia en un máximo de 60 días naturales, frente a retrasos que antes podían superar un año.
Sin embargo, el artículo 128 de la ley ahora exige cinco requisitos para conceder una suspensión, cuando anteriormente solo se requerían dos, complicando el acceso a medidas cautelares. Entre los casos en los que no procederá la suspensión se encuentran congelamientos de cuentas bancarias derivados de actos presuntamente ilegales, como ocurrió con la diputada Aracely Brown.
Serratos advirtió que, con estas reglas, las posibilidades de obtener una suspensión disminuirán drásticamente; actualmente, solo tres de cada diez solicitudes son concedidas. La reforma original incluía medidas que podrían haber debilitado la obligatoriedad de las autoridades de acatar las sentencias, aunque algunas fueron modificadas por el Senado.
