Tijuana, B.C., a 20 de junio de 2025.- Roberto Vega Solís, presidente de Coparmex Tijuana, se une al posicionamiento de diversos organismos empresariales nacionales en que expresaron su oposición a la propuesta del Infonavit de regularizar la ocupación ilegal de viviendas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados.
Coparmex Tijuana compartió la preocupación de que esta iniciativa representa un grave riesgo para el estado de derecho y para el patrimonio de millones de trabajadores mexicanos, quienes legítimamente han cumplido con sus aportaciones al Instituto.
Es por ello que Vega Solís respalda firmemente el llamado enérgico de Coparmex Nacional, AMIB, CANACO CDMX, CONCAMIN, COMCE y CNET, para exigir que el Infonavit se conduzca estrictamente conforme a la ley y con apego a su mandato institucional: salvaguardar los recursos y el patrimonio de los derechohabientes, no fomentar prácticas que puedan normalizar la ocupación ilegal de viviendas.
Legalizar ocupaciones irregulares mediante subsidios o escrituras sin sustento jurídico sentaría un precedente sumamente delicado, minando la certidumbre jurídica en México y premiando actos que vulneran la propiedad privada. Resulta alarmante que, del total de viviendas censadas, 168 mil, el 86% esté habitado por personas sin relación legal con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Valoramos la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la propiedad privada debe respetarse y que no se trata de arrebatar viviendas a sus legítimos dueños. Sin embargo, es fundamental que esas declaraciones se traduzcan en políticas claras y acciones contundentes, para impedir que el Infonavit avance en esquemas que podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
En su posicionamiento conjunto, los organismos empresariales recuerdan que la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
El líder empresarial recordó que el Infonavit no tiene facultades legales para entregar inmuebles, otorgar créditos o formalizar escrituras a personas que no son derechohabientes. Hacerlo sería no solo una violación al marco legal, sino también un atropello directo a quienes han cumplido con sus obligaciones.
“Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, destacó el llamado nacional.
