Los operadores de dicho sistema no están haciendo su parte para proteger los intereses de las víctimas
Debido a un alto grado de impunidad las víctimas de un delito se convierten también en víctimas de un sistema de impartición de justicia en el que sus operadores no están haciendo su parte, manifestó el especialista en derecho penal Álvaro González.
“Estamos viviendo una lamentable realidad al ver que día con día en nuestro país se incrementa el número de delitos cometidos, sobre todo en nuestra ciudad en donde la seguridad se ha avisto vulnerada; esto trae consigo el aumento en aquellas personas cuyo interés ha sido violentado por otra persona, esto como resultado de la comisión de algún delito.
Gracias a la reforma que tuvimos a nuestra constitución política en su artículo 20, se nos sensibiliza en el desarrollo del proceso penal, ya que le da a la víctima un papel ya no secundario y únicamente reclamante de la indemnización, sino que la coloca en la posición que siempre debió haber estado. Debemos recordar que hasta hace apenas unos años la justicia se enfocaba más en no colocar inocentes tras las rejas dejando como ya se mencionó a las víctimas en un segundo plano”, agregó.
En el artículo en mención, añadió, se adiciona un apartado que habla específicamente de los derechos de la víctima u ofendido, siendo estos que tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda; pero este punto lamentablemente no trasciende ya que estamos en un mar de impunidad en el que las víctimas de un delito continúan siendo víctimas,pero de un sistema.
Consideró que dicho sistema es bueno, pero que los operadores del mismo no están haciendo su parte y a causa de ello las víctimas continúan siendo víctimas.
“Nuestro sistema jurídico ha contado con importantes cambios en materia de apoyo y atención a las víctimas del delito, los cuales han sido plasmados en reformas constitucionales como la de 1993 en la cual se incorpora el artículo 20 constitucional en su último párrafo, en el cual se reconocía algunos de los derechos de la víctima del delito.
De esta manera la protección de los derechos de la víctima u ofendido se elevó a garantía constitucional, de igual manera y con un sentido más social se volvió a reformar dicho artículo en el año 2000 en el que se formuló el apartado B donde se amplió el listado de derechos que se le reconocen a la víctima”, expresó.
Así mismo, indicó, las leyes que se han ido incorporando en consecuencia del trabajo de nuestros legisladores en apoyo a las víctimas con la finalidad de sumar el mayor número de herramientas factibles en contribuir al libre desarrollo de la justicia para aquellas víctimas del delito, tal es el caso de la ley general de víctimas publicada en 2013, cuyo principal objetivo es precisamente preponderar y garantizar los derechos de las personas que han sido vulneradas por la comisión de algún delito.
Señaló que también se debe de reconocer que las comisiones de derechos humanos han trabajado duro para proteger el interés de las víctimas y con ello sumar esfuerzos para la reparación del daño que representa la justicia en muchos casos, pero que estos esfuerzos no han sido suficientes para poder llegar a proteger los derechos de las víctimas.
“Sabemos que las cifras de denuncias por parte de las víctimas ante estas instituciones de apoyo son mínimas y a eso se le incluye que de la totalidad de delitos cometidos menos de la mitad llegan a un proceso, desafortunadamente esta cifra se debe a la falta de conducta flagrante en el momento que se hace del conocimiento a las autoridades, eso deja en una posición crítica a la víctima de dichos delitos”, declaró.
