Existe preocupación de diversos sectores de la población.
“La tecnología por sí sola no será la solución a la inseguridad. Hace falta un plan responsablemente estructurado que contemple la contratación de más elementos policiacos, equipamiento, capacitación, una mayor inversión para programas de prevención social pero sobre todo una efectiva coordinación entre los diversos niveles de gobierno”, afirmó el abogado Héctor Cruz.
Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado aprobará un recurso cercano a 800 millones de pesos, para la construcción, mantenimiento e implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública del Estado.
El también especialista en Gestión y Políticas Públicas, refirió que dicha inversión se dio mediante la figura de un contrato plurianual vigente por 10 años, y que según las autoridades con ello se ayudará a combatir los niveles de inseguridad que se viven en el Estado.
Mencionó que ante el incremento de los delitos de alto impacto y del fuero común que han rebasado la capacidad de las autoridades policiacas, y que suman más de mil 400 homicidios tan sólo en Tijuana y que flagelan directamente a la población, no es posible que se opte por contraer más deuda pública sin antes contar con un plan estratégico, organizado, con objetivos medibles a corto y mediano plazo.
En dicho plan, agregó, “se debería contemplar la contratación de más elementos policiacos, la depuración de los que se han corrompido con el crimen organizado, la adquisición de más patrullas y equipo táctico, la capacitación de los agentes policiacos en su calidad de primer respondiente dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la inversión en prevención social de la violencia y por qué no, mejoraras salariales a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos”.
“La tecnología por sí sola no puede ser la solución a la inseguridad, y referencia de ello hay en otros estados, como Morelos y el Estado de México, donde se cuenta con este tipo de tecnología y la delincuencia se ha incrementado, esto sin contar que hay una gran diferencia en los costos de inversión; por ejemplo, el C5 de Toluca que beneficia a 14 municipios mexiquenses, costó la mitad de lo que costará su implementación en Baja California.
“Por eso decimos que hace falta un plan responsablemente estructurado, porque lo único que vemos es falta de estrategia, falta de coordinación y mano firme, ya lo vivimos años atrás, cuando la delincuencia tenía sometida a la población, y fue mediante una efectiva coordinación entre el Ejército Mexicano y los entonces titulares de las dependencias de seguridad quienes hicieron frente de manera efectiva al crimen organizado, que se lograron importantes detenciones y la reducción significativa de la violencia en Baja California, sobre todo en Tijuana, ¿Por què no retomar lo bueno que ya dio resultado?”, manifestó.
El legista indicó que con la aprobación de esta inversión existe una preocupación en diversos sectores de la población de que la construcción de un C5 en Baja California sea únicamente por intereses económicos, que no se transparente la aplicación de estos recursos, que la inversión termine en manos de empresas que han dañado al erario público con obras de pésima calidad, que se esté pensando más en el negocio que en verdad resolver el tema de la inseguridad.
En ese sentido, debemos los ciudadanos estar muy atentos al seguimiento de la aplicación de los recursos y exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad, puntualizó.
