Piden acción penal contra quienes resulten responsables.
Luego de la agresión a usuarios del transporte público, por parte de chóferes de taxis amarillos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exige a las autoridades correspondientes, no solo la revocación de la concesión a dicho gremio o cualquier grupo transportista que presione o utilice la violencia en prejuicio de la ciudadanía y/o sus competidores sino la garantía de que ningún ciudadano volverá a ser molestado o agredido por un grupo transportista.
Asimismo, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ejerza acción penal contra quienes resulten responsables del ataque registrado, el fin de semana pasado en contra de varios turistas, en las inmediaciones de la Línea Internacional en la zona denominada como “La Pera”.
Kurt Honold Morales, presidente del CCE, señaló que uno de los principales objetivos del organismo es “armonizar las actividades productivas de la región y fomentarlas a todas por igual”.
“Por lo que con creciente preocupación y molestia observamos que una actividad fundamental y de trascendental importancia como es transporte, está siendo afectada por actos vandálicos y delictivos, mismos que se han incrementado por el clima de impunidad que prevalece”, agrego.
El representante de las 17 entidades que integran el CCE, advirtió que “el dinamismo empresarial pero sobre todo la tranquilidad de las familias tijuanenses así como de quienes nos visitan es la de mayor importancia, pues estamos hablando de la actividad que garantiza la movilidad de decenas de miles de ciudadanos y también la de los turistas”.
“Hemos visto con indignación como terminales de la Ruta Troncal han sido severamente afectadas por actos de vandalismo en perjuicio de la sociedad que reclama un transporte de mejor calidad y menos caro. Esta impunidad prevaleciente ha alentado a otros grupos de transportistas, quienes se sienten con la capacidad de pasar por encima de la ley”, dijo.
Honold Morales, refirió que “sin duda, el caso más grave e indignante es el de los taxis amarillos que operan en la línea internacional, quienes han convertido una agrupación legítima y de largo historial en Tijuana en un grupo de pandilleros. Lo mismo apedrean a camiones de turistas que agreden a ciudadanos que rechazan sus servicios, lo que los convierte en los hechos en un grupo delictivo que debe ser frenado cuanto antes”.
“En este caso tan grave demandamos la acción inmediata de los tres niveles de gobierno. Por la zona federal en donde se han cometido la mayoría de las agresiones, competería la intervención de la Policía Federal, manifestó.
Si bien, reconoció que es a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) compete integrar las averiguaciones previas por estos hechos delictivos y dar puntual seguimiento a las denuncias penales que han sido interpuestas por algunos de los particulares agredidos; pidió a la autoridad municipal revisar las concesiones otorgadas a este grupo transportista y la Secretaría de Seguridad Pública debe reforzar al máximo la vigilancia para prevenir nuevos atentados.
“Si no hay una respuesta firme y contundente por parte de la autoridad, la única certidumbre es que continuarán estas agresiones contra turistas y ciudadanos que tengan la mala fortuna de verse confrontados con este grupo de choferes que sabiéndose impunes, han delinquido hasta ahora sin castigo”, dijo.
Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial, integrado por diez y siete organismos que son la suma de las actividades productivas en nuestra región, condenamos enérgicamente la conducta delictiva de quienes deberían de estar celebrando que nuestra ciudad y toda la zona costa atraviesa por su mejor momento en cuanto a la atracción de turismo e inversión privada se refiere.
“Este grupo transportista ha manifestado una clara incapacidad de competir en buena lid con otras opciones de servicio y han actuado como si el cruce fronterizo les perteneciera en exclusiva, ignorando la libertad que tenemos los ciudadanos de transitar libremente por nuestro territorio nacional sin ser molestados en nuestras personas o pertenencias y elegir a quien le otorgamos nuestra confianza para trasladarnos con nuestras familias de un lugar a otro. Desde luego, no podemos depositar esta confianza en quienes por medio de la violencia nos quieren obligar a patrocinarlos”, expreso.
“Como Consejo Coordinador Empresarial expresamos nuestro total rechazo a este tipo de conductas que contradicen nuestra ética de trabajo y elevamos una firme exigencia a la autoridad para que aplique la ley sin reservas, consideraciones ni medianías”, agrego.
Este tipo de conductas pueden afectar severamente el desarrollo económico de nuestra región y, lo que es más importante, la seguridad e integridad de los miles de ciudadanos que cruzamos todos los días por la garita internacional.
La impunidad sólo alienta la repetición de la conducta delictiva. Por ello, exigimos una respuesta firme, contundente e inmediata.
“Exigimos a la autoridad municipal la revocación de la concesión a los Taxis Amarillos o a cualquier grupo transportista que ejerza la violencia o el vandalismo como medida de presión e intimidación contra la ciudadanía o contra sus competidores. Asimismo, pedimos a la Procuraduría General de Justicia que se ejerza acción penal contra quienes resulten responsables de estos hechos delictivos”.
Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno la garantía de que ningún ciudadano volverá a ser molestado y agredido por un grupo transportista, puntualizo.
