Tijuana, Baja California, 12 de mayo de 2026.- Especialistas en gestión ambiental urgieron a integrar la “valoración económica” en las políticas públicas de Baja California para que empresas y gobiernos paguen por los daños ecológicos que afectan la salud y el bolsillo de los ciudadanos. Bajo esta premisa, el deterioro ambiental no debe ser absorbido por la población, sino internalizado por quienes generan contaminación, especialmente en zonas vulnerables expuestas a polvos y aguas contaminadas.
El costo real de la contaminación en las familias
La valoración económica busca traducir el daño a ecosistemas en cifras monetarias para medir el impacto real en la economía familiar. José Carmelo Zavala Álvarez, director del CIGAMX, señaló que la sociedad no tiene por qué asumir gastos médicos o pérdida de bienestar derivados de proyectos industriales o inmobiliarios. Esta herramienta científica permitiría asignar impuestos y subsidios de manera más justa, obligando a las empresas a incluir en sus presupuestos los posibles daños a la salud de las comunidades vecinas.
Casos críticos: Salud renal y polvos tóxicos
Durante el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, se presentaron estudios donde enfermedades graves, como la insuficiencia renal crónica, están ligadas a la contaminación del agua por actividad geotérmica. Estos padecimientos representan un golpe financiero catastrófico para los hogares, con costos mensuales que pueden superar los 65 mil pesos. En la región, se vigilan casos similares relacionados con tolvaneras en el Valle Imperial y la actividad en la geotérmica de Cerro Prieto en Mexicali.
El análisis de los expertos
Respecto a la necesidad de poner precio al daño ambiental para proteger a la población, José Carmelo Zavala afirmó:
“La valoración económica es una herramienta para tomar decisiones más acertadas… requiere la adecuada valorización de los costos y beneficios ambientales a alcanzar”.
Por su parte, la ingeniera Jessica Castañeda, asesora técnica del CIGAMX, reforzó la idea de no evitar el uso de valores monetarios en la ecología:
“No hay que pelearnos con el valor económico, es difícil entrarle cuando le ponemos pesos y centavos, pero creo que incluirlos en la política pública nos va a ayudar mucho más”.
Impacto para la ciudadanía
Para el ciudadano común, la implementación de estos instrumentos significa que, ante un daño ambiental que le provoque enfermedades o devalúe su propiedad, existiría un marco legal para exigir compensaciones o fondos de mitigación. Actualmente, una familia puede gastar hasta un millón de pesos en un trasplante de riñón derivado de externalidades ambientales sin que la fuente contaminante asuma responsabilidad financiera. La valoración económica busca que ese costo se transfiera del bolsillo del ciudadano al presupuesto de la entidad responsable.
Próximos pasos
El CIGAMX y académicos proponen que el Congreso local y las dependencias ambientales incorporen estos estudios en la planeación urbana y licitaciones de grandes proyectos. Se busca promover impuestos ecológicos y mercados de carbono que generen fondos destinados directamente a la salud pública y la recuperación de servicios ecosistémicos en zonas impactadas de Tijuana, Mexicali y San Quintín.
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