Ciudad de México, 18 de mayo de 2022.- La participación del exgobernador Jaime Bonilla y exfuncionarios de su administración en el proyecto de construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali a cargo de la empresa Next Energy debe ser investigada con mayor celeridad, así lo señaló la senadora Alejandra León Gastelum, quien presentó este miércoles, un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de Baja California.
Solicta a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y al fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez emprender acciones legales y citar a comparecer a Jaime Bonilla y sus excolaboradores por ser responsables de afectar los recursos del erario público derivado de contrato realizado en la empresa.
La senadora, integrante del Grupo Plural, recordó que, en noviembre de 2020, el Congreso local autorizó al Poder Ejecutivo un contrato plurianual por un lapso de 30 años por un monto de 1,500 millones de pesos para construir la planta fotovoltaica.
“A pesar de que el exgobernador Jaime Bonilla colocó la primera piedra de la obra en mayo del 2021, esta no contaba, ni hasta la fecha cuenta para su construcción y operación, con los permisos correspondientes por parte de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Por lo que, más allá del acto propagandístico relativo a la colocación de la primera piedra, el avance del proyecto es completamente nulo”, aseguró.
Por otra parte, expresó que las cláusulas causado un daño al erario por más de 12,000 millones de pesos de acuerdo con las propias declaraciones del actual secretario de Hacienda del gobierno del estado.
Sin embargo, León Gastélum expresó, que “debido a la naturaleza de las cláusulas pactadas entre los exfuncionarios y la empresa se ha causado un daño al erario por más de 12,000 millones de pesos de acuerdo con las propias declaraciones del actual secretario de Hacienda del gobierno del estado encabezado por Ávila Olmeda”.
Actualmente la planta fotovoltaica no se está ni en construcción ni cuanta con los permisos para operar ya que estos fueron negados por la autoridad federal.
“Esto, resulta clara y gravemente perjudicial para las finanzas públicas de Baja California, pues el gobierno deberá cumplir con los compromisos financieros derivados de un contrato evidentemente desventajoso que, además no ha reportado, ni reportará ningún beneficio a los bajacalifornianos por el hecho de que la realización de su objeto es imposible”, finalizó Alejandra León.
