Tijuana, Baja California, 23 de julio de 2026.- Un agente ministerial de la Fiscalía General del Estado fue detenido en flagrancia junto con tres civiles en la colonia Camino Verde, tras ser señalados de participar en un cobro ilícito de dinero relacionado con un vehículo, confirmaron autoridades locales durante un operativo coordinado por la Policía Municipal de Tijuana.
Arresto en flagrancia tras llamada al 911
La captura del servidor público se ejecutó el pasado 21 de julio luego de que las personas afectadas solicitaron auxilio a la línea de emergencias 911. La rápida respuesta de los agentes municipales permitió interceptar en el lugar de los hechos al elemento en activo y a sus tres acompañantes.
El fiscal regional de Tijuana, Miguel Ángel Guerrero, confirmó la identidad del imputado y precisó su adscripción operativa dentro de la corporación estatal.
“El agente Armando “N”, adscrito a Ensenada y con siete años de servicio, fue asegurado por la Policía Municipal el pasado 21 de julio”, precisó el funcionario.
Origen de implicados y situación jurídica
Los otros tres hombres asegurados durante el despliegue policial también son originarios del municipio de Ensenada. Todos los involucrados quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal y el grado de responsabilidad individual en los hechos delictivos denunciados por la ciudadanía.
Guerrero enfatizó la gravedad de la conducta atribuida a los imputados y las consecuencias penales que enfrentan de comprobarse el ilícito ante los tribunales.
“La extorsión se castiga con penas de entre siete y 12 años de prisión, sanción que puede aumentar cuando en el delito participa un servidor público”, puntualizó el fiscal regional.
Implicaciones judiciales y combate a la impunidad
Este caso marca un precedente en la fiscalización de los cuerpos de seguridad locales, al involucrar directamente a un elemento capacitado para la investigación de delitos. La investigación continuará para determinar si existen más víctimas o expedientes vinculados a este grupo operativo.
El titular de la fiscalía regional reiteró el compromiso institucional de procesar penalmente a los elementos que traicionen los principios normativos de la corporación.
“No habrá impunidad en este caso y la instrucción de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, es actuar contra cualquier integrante de la institución que incurra en conductas ilícitas”, concluyó.
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