Tijuana, Baja California, 21 de julio de 2026.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar una presunta red de corrupción relacionada con la expedición de incapacidades médicas irregulares para policías municipales en Tijuana y Mexicali, situación que merma la vigilancia en las calles e impacta el erario público.
El presidente del organismo, Edgardo Flores Campbell, explicó que existen indicios de que cerca de 300 agentes en Tijuana y alrededor de 60 en Mexicali permanecen fuera de servicio mediante permisos médicos prolongados sin una justificación clara.
Cerca de 360 agentes bajo esquema de incapacidad prolongada
La petición formulada ante las autoridades estatales señala que el problema involucra directamente al personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (ISSSTECALI). De acuerdo con el pronunciamiento, es indispensable que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determine si existen médicos que otorgan estos documentos al margen de la norma.
Flores Campbell enfatizó que la ausencia de este personal operativo agrava la deficiencia de patrullaje que padece la región fronteriza.
Afectación directa a la vigilancia en colonias y comercios
A la par de las ausencias por motivos de salud, el titular del CCSPBC planteó la necesidad de fiscalizar el número de elementos destinados a tareas de custodia privada para servidores públicos, al considerar que este factor resta capacidad operativa en los sectores con mayor índice delictivo.
“Señaló que estas ausencias reducen el número de policías disponibles para patrullar las calles, en una corporación que ya enfrenta un déficit de elementos para atender las necesidades de seguridad de la ciudad.”
Riesgo de quebranto patrimonial y llamados a sanciones
El consejo ciudadano advirtió que mantener el pago de nómina a personal que no ejerce sus funciones sin causa real representa un perjuicio para las finanzas municipales. Por ello, instó a aplicar sanciones administrativas y penales a los involucrados para frenar la impunidad en las corporaciones.
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