Tijuana, 26 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Alejandro Avilés Amezcua, confirmó que en Baja California los policías comenzarán a utilizar cámaras corporales en la primera semana de marzo, como parte de la reforma al Reglamento de Tránsito recientemente publicada.
El funcionario explicó que esta disposición ya quedó formalmente establecida dentro del reglamento modificado, tras el trabajo conjunto con la comisión correspondiente y la presidencia municipal.
Reforma ya publicada
Avilés Amezcua detalló que la obligatoriedad del uso de cámaras quedó asentada en el nuevo marco normativo. “Eso ya forma parte como un implemento obligatorio, el tema de las cámaras”, declaró.
Indicó que los dispositivos ya fueron adquiridos y que actualmente se encuentran en la fase final de capacitación para los elementos operativos que portarán el equipo durante sus intervenciones.
Asimismo, adelantó que el arranque formal del programa será encabezado por el alcalde y autoridades de la comisión de seguridad en un acto previsto tentativamente para los primeros días de marzo.
Capacitación y aspectos técnicos
Sobre el funcionamiento de los equipos, el secretario señaló que cuentan con capacidad suficiente de almacenamiento. “Ya son detalles técnicos, si almacena bastantes días, pero más allá de su almacenamiento lo que importa también es tener este recurso a dos vías”, puntualizó.
Explicó que el propósito central no es únicamente conservar grabaciones, sino fortalecer la supervisión institucional y la transparencia en las actuaciones policiales.
Herramienta de doble vía
El funcionario subrayó que la implementación de cámaras corporales busca beneficiar tanto a la ciudadanía como a los propios elementos de seguridad.
“Una para el tema de la sensibilidad y seguridad del ciudadano, y dos también la protección del propio servicio del servidor público”, afirmó.
Con esta medida, la Secretaría de Seguridad busca consolidar mecanismos que refuercen la confianza ciudadana y ofrezcan respaldo documental en las intervenciones, en un contexto donde la rendición de cuentas y la supervisión operativa forman parte de las demandas sociales en materia de seguridad pública.
