Tijuana, Baja California, 17 de julio de 2026.- Un juez federal ampara a asociación civil Unidos por Tijuana tras la omisión del alcalde con licencia, Ismael Burgueño Ruiz, para atender una propuesta comunitaria que exige el aprovechamiento de las aguas residuales en el riego de parques, glorietas y camellones públicos de la ciudad.
El conflicto escaló a los tribunales debido a la falta de respuestas oficiales a una petición formal entregada en marzo de este año. La organización promovió un juicio de garantías para obligar a las autoridades municipales a reutilizar los recursos hídricos que actualmente se desechan hacia el litoral costero regional.
Sentencia judicial en el expediente 379/2026
El fallo definitivo fue dictado por el titular del Juzgado de Distrito, Francisco Caballero Green, dentro del expediente número 379/2026. La resolución constitucional otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a los ciudadanos organizados, invalidando los argumentos del presidente municipal, quien pretendió deslindarse de las facultades operativas responsabilizando exclusivamente a la Secretaría de Protección al Ambiente del XXV Ayuntamiento de Tijuana.
La sentencia evidenció que la autoridad municipal ignoró las peticiones ciudadanas, a pesar de que la ciudad costea procesos de saneamiento cuyos resultados finales no son aprovechados en el entorno urbano, manteniendo secas la mayoría de las áreas verdes de las delegaciones.
Desacato a dos suspensiones del juzgado de distrito
Los expedientes del litigio exhiben que el primer edil incurrió en desacato al desobedecer dos medidas cautelares previas dictadas por el juzgador federal. El mandatario local ignoró tanto la suspensión provisional como la definitiva, las cuales le ordenaban contestar formalmente a la agrupación e iniciar la planeación técnica para el uso prioritario de los flujos de agua tratada en el municipio.
Actualmente corre el periodo legal para que la sentencia emitida el pasado 8 de julio cause ejecutoria formal, lo que dará inicio a la etapa de ejecución forzosa donde el gobierno local estará obligado a acatar los lineamientos del dictamen judicial.
Reclamo económico basado en la Ley General de Víctimas
Los representantes legales de la agrupación explicaron que, con base en la contradicción de tesis 440/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la concesión del amparo acredita el carácter de víctima a la asociación ante los abusos de la autoridad responsable. Bajo este criterio, los artículos 1, 4 y 6 de la Ley General de Víctimas permiten iniciar un proceso de reclamación económica por concepto de daños y menoscabos financieros.
La directiva social anunció que una vez que se obtenga el recurso económico derivado de la demanda de indemnización, los fondos serán entregados íntegramente en calidad de donación a una institución benéfica de Tijuana para apoyar sus proyectos operativos prioritarios.
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