Mexicali, B.C., miércoles 23 de julio de 2025.- El Congreso del Estado emitió un atento exhorto a las autoridades escolares y de protección al consumidor para que, en el ámbito de sus facultades, garanticen la libertad de compra de uniformes escolares, útiles y que no se condicione la adquisición a marcas, tiendas y proveedores específicos en Baja California.
La propuesta fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien subrayó que el derecho a la educación en condiciones de equidad, dignidad y libertad, incluye también la posibilidad de que las familias puedan elegir, sin restricciones ni condicionamientos, dónde adquirir los materiales y servicios vinculados al proceso educativo, en este sentido, la legislación estatal establece de forma clara esta garantía.
El artículo 120 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, mandata que: “La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia…”.
A pesar de la claridad de este mandato legal, persisten prácticas en planteles educativos públicos que contravienen este principio en Baja California, particularmente al inicio del ciclo escolar cuando se entregan listas que especifican marcas, modelos o establecimientos exclusivos, para la compra de uniformes, calzado escolar y útiles; esta situación genera presión económica sobre las familias, limita la libertad de elección y obstaculiza la competencia comercial.
En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha reiterado que este tipo de prácticas constituyen una imposición abusiva y ha recordado que madres, padres o tutores, tienen total libertad para adquirir estos artículos en el lugar de su preferencia, según su conveniencia económica y sin condicionar el acceso al servicio educativo; por lo que también se le exhorta para fortalecer sus campañas informativas, que se establezcan módulos de atención durante el periodo de regreso a clases y habilite mecanismos sencillos para que las familias puedan denunciar estas prácticas abusivas.
“Es por ello que se vuelve necesario reforzar la vigilancia institucional, difundir con claridad los derechos de madres y padres de familia, para prevenir cualquier acción que, aunque disfrazada de recomendación, vulnere los principios de equidad y legalidad, ya que salvaguardar la economía familiar debe ser prioridad de todas las autoridades educativas”.
