Mexicali, 29 de enero de 2023.- La reforma a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico del Estado fue aprobada en Sesión Ordinaria, esta busca incluir estímulos de gestión para regularización de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas y fomentar su contratación por el sector público estatal y municipal.
“Cada día es mayor la carga administrativa y el abanico de obligaciones a los que el microempresario debe someterse”, comentó la legisladora Daylín García Ruvalcaba, autora de la propuesta.
La normativa penal, fiscal, laboral, ambiental de protección civil, entre otras tantas regulaciones administrativas, federales, estatales y municipales, suelen ser obstáculos para que una empresaria o empresario sea, ya no competitivo, sino al menos regular, en la operación de su negocio.
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Estas titánicas responsabilidades frente a las autoridades y frente a la sociedad pueden resultar abrumadoras para el emprendedor, a pesar de ello, el espíritu del microempresario por sobrevivir y trascender es perseverante.
“Aun cuando algunos gozan de la irregularidad e incumplimiento, también existen muchos negocios cuyos propietarios ansían alcanzar la formalidad de su empresa, solamente requieren la orientación y asesoría necesaria para regularizarse”, aseguró Daylín García.
Esta iniciativa consiste en fortalecer los mecanismos de los estímulos no fiscales de gestión, brindando asesoría y orientación en los actos y trámites para la regularización de las empresas, conforme a los programas de regularización de empresas, que para ello emita el Ejecutivo del Estado.
También se establece la facultad al Comité Consultivo de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, para llevar acabo el objeto y funciones del Consejo Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Y por último se busca promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo de 35 por ciento conforme a la reglamentación aplicable.
