El días pasados, con bombos y platillos, el Ejecutivo Federal anunció que el 94% de la población en el país puede gozar del servicio de agua potable. Sin duda, le aplaudieron por el logro que sólo en las estadísticas oficiales existen, sin considerar la importancia de otras obras públicas que el gobierno, en sus distintas instancias, debe cubrir por mandato constitucional.
Probablemente, en el 6% de quienes carezcan del vital líquido se encuentren los habitantes de algunas colonias de Tijuana y, aunque parezca broma, también algunas ciudades cercanas a los afluentes del río Coatzacoalcos y del Grijalva. Chiapas, Veracruz y Tabasco son algunas entidades en donde colonias enteras no cuentan con agua potable.
Esta demanda por el agua no es de vital importancia en las élites gubernamentales preocupados por la sucesión presidencial y por quedar bien con el alfil de Enrique Peña Nieto.
Un reconocimiento a la resistencia mexicalense por la lucha del agua, lucha que sostienen en contra del gobierno del estado de Baja California, empeñado en beneficiar a una empresa extranjera de una marca reconocida de cerveza (un servidor sólo reconoce a Tecate) quien a decir de la experiencia de los ciudadanos en Coahuila, “se la acabaron”.
La represión, las amenazas y la cárcel como última instancia de los gobernantes en turno parecen ser la marca que identificará este sexenio al favorecer a Constellations Brands en detrimento de los habitantes del valle y de Mexicali en general. Y sin duda, en algunos años, también la escasez del agua potable la padecerán los habitantes de Tijuana, Tecate y Rosarito. De que se acaba, se acaba.
Hay otros ejemplos, como en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca en donde se produce otra marca de cerveza. La contaminación generada por la fabricación se deja sentir en los efectos nocivos a los cuerpos de agua y mantos acuíferos que saltan a la vista. Basta conocer los niveles de contaminación que subyace en el río Papaloapan, sin considerar los estragos que causa la industria cañera asentada en los alrededores.
Probablemente el agua no se acaba porque el afluente del río de las mariposas es uno con los mayores caudales de Latinoamérica. Sin embargo, la contaminación está haciendo de las suyas como si progreso, oportunidad de empleo, deterioro ambiental y escasez sean una combinación mortal.
Pasando a los temas de nuestra ciudad, los esfuerzos que realiza el gobierno municipal tienen resultados nulos por la inoperancia de los órganos que deben atender la problemática que aqueja a esta zona fronteriza, que a decir del alcalde, será “la mejor ciudad del país”. Palabras vanas. Basta salir para recorrer algunas de las calles intransitables de esta urbe fronteriza para darse cuenta de las ocurrencias del alcalde. Ya en su momento, otros han prometido hasta el cansancio hacer de Tijuana una ciudad mejor que San Diego.
Sin embargo, el alcalde autodenominado “El Patas” no atina a darle una. Error tras error, en los días de su administración, por hacer de esta ciudad más habitable, mete las patas. Tal es el caso de su reciente affaire al mencionar que a los regidores de oposición, principalmente del Partido Encuentro Social “Ningún chile le embonan”. Palabras con amplia connotación sexual. Sus correligionarios le aplaudieron. El alcalde debe reconocer, en su expresión coloquial, por no decir soez y fuera de lugar, que no se puede jugar con las palabras y menos en la situación que prevalece en la ciudad, que se posiciona ya en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional, registrando más de mil decesos en lo que va del año.
Por un lado, los regidores de oposición no están haciendo más que el deber que le fue conferido por la ciudadanía, fiscalizar los recursos y la estricta aplicación de la hacienda municipal. Y por si esto fuera poco, en muchas ciudades ya se cuenta con el sistema de luminarias que se pretende instalar en Tijuana, como el caso de Tuxtla Gutiérrez. Probablemente habrá que reclamarle y hacer valer el estado de derecho para exigir al que se quedó con las luminarias o su presupuesto, en las pasadas administraciones, que las reponga.
Retomando la cuestión del “chile que no embona” porque no tiene que embonar, así de fácil, debe saber el alcalde Juan Manuel Gastélum que atender las problemáticas es urgente en el municipio. Asimismo, exhortar al Síndico Social de retomar su papel dentro del organigrama, que está para defender al “municipio”, a la demarcación territorial y los intereses que convengan a sus habitantes y no a la figura pública “ayuntamiento” como órgano de gobierno.
La tarea no es fácil. Asociado a los problemas de inseguridad, asaltos, homicidios dolosos y luminarias se aúnan las tarifas de transporte que dan un giro inevitable a los gastos que de forma cotidiana enfrenta el tijuanense y que debe asumir, a pesar de que el servicio en el transporte siga siendo uno de los más caros del país y deficiente, y como apuntaba uno de los más avezados lectores, peligroso.
A pesar del aumento a la tarifa oficial, los transportistas han anunciado que se ampararán en virtud de que los gastos y el aumento autorizado no corresponden con el alza en el transporte masivo si se consideran refacciones y combustible. Están en todo su derecho. Lo usuarios serán los que paguen por la ineficacia de quien debe regular y mejorar el sistema de transporte.
Mal parado dejan a la ciudadanía los del Partido Encuentro Social, PES, en el Estado de México, a partir de la aprobación en la despenalización del delito de vender bebidas alcohólicas a menores y expenderlas sin autorización oficial. Vender alcohol sin el permiso correspondiente en el EDOMEX puede quedar en una multa administrativa que no rebasa los cuatrocientos pesos. Así de fácil se torna en esta entidad y probablemente, en un afán seudo-progresista, otras legislaturas locales habrán de imitar.
La sorpresa la ha dado el PES cuyos principios éticos, morales y religiosos descansan en los valores de la familia y el bien superior de los niños. Esta aprobación por mayoría del congreso local del EDOMEX habrá contado con la venia del dirigente nacional, Hugo Flores. La factura política puede tener dimensiones catastróficas para este partido al que se le auguraba un crecimiento notable en la entidad.
La vox populi afirma que el caso de Julión Álvarez y Rafa Márquez constituyen una cortina de humo, tal como se menciona en el film «Los juegos del hambre», “están ahí para ser distractores del pueblo”.
La afirmación cobra fuerza porque sin contar el proceso de impugnación que prevalece por la falta de certeza y del juego parejo en las pasadas elecciones, la autoridad electoral en el EDOMEX optó por apresurar los tiempos y entregar la constancia de mayoría, que lo declara gobernador electo, al cachorro del grupo Atlacomulco, a Alfredo del Mazo.
Con todo el peso del sistema, el PRI concreta, de forma anticipada, las acciones de violación al proceso electoral para el 2018.
Al tema Álvarez-Márquez se suma al amarre de manos que se le aplica al gobierno de Veracruz en su afán por llevar a los tribunales estatales al ex-gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La dupla Meade y Nuño hacen sonar los tambores de guerra en los cuadros del tricolor.
Benjamín M. Ramírez.
Es profesor de Educación media Superior. Candidato a Maestro por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Cuenta con una amplia trayectoria como profesor universitario. Ha sido profesor de Opinión Pública y Propaganda. Posee con una especialidad en Filosofía. Colabora esporádicamente en algunos medios regionales del sur de Veracruz. Ha sido corresponsal en Radio en su natal Veracruz. Es experto en temas electorales y propaganda.
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