Tijuana, Baja California, 8 de mayo de 2026.- La sindicatura procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana emitió un llamado urgente a todos los servidores públicos municipales para que cumplan con la presentación de su declaración patrimonial de modificación. Este trámite, de carácter obligatorio por ley, tiene como fecha límite el próximo 31 de mayo, buscando transparentar cualquier variación en los bienes e ingresos del personal activo.
Avance en el registro de servidores públicos
A poco más de una semana de haber iniciado el proceso correspondiente al mes de mayo, la titular de la dependencia, Teresita Balderas Beltrán, informó que aproximadamente 722 funcionarios ya han completado su registro. “Es muy importante cumplir con este proceso, ya que se debe reportar cualquier variación en los bienes respecto al año anterior”, señaló la funcionaria, subrayando que la vigilancia del patrimonio es un eje central de la rendición de cuentas.
Sujetos obligados y uso de la plataforma DeclaraNet
La normativa vigente estipula que la obligación de declarar no se limita únicamente al trabajador municipal. El reporte debe incluir la información patrimonial del declarante, de su cónyuge o concubina(o), así como de sus dependientes económicos. Para facilitar este proceso, la plataforma DeclaraNet permanece habilitada las 24 horas del día, permitiendo el acceso a personal de base y de confianza a través de los portales oficiales de la Sindicatura y el Ayuntamiento de Tijuana.
Proceso de entrega física y validación
Para que el trámite se considere legalmente concluido, no basta con el registro digital. Los funcionarios deben entregar el acuse de recibo de forma física en las oficinas de Declaración Patrimonial en el tercer piso de Palacio Municipal, con un horario extendido de 7:00 a 17:00 horas. Asimismo, se habilitó un módulo en el patio central de Palacio Municipal que opera de 8:00 a 15:00 horas para agilizar la recepción de documentos.
Seguimiento y transparencia administrativa
Tras el cierre del periodo el 31 de mayo, la Sindicatura iniciará la revisión de los expedientes para identificar posibles omisiones. El cumplimiento de esta obligación es fundamental para evitar sanciones administrativas y garantizar que la evolución patrimonial de quienes operan los recursos públicos de Tijuana sea congruente con sus ingresos declarados.
