Tijuana, 13 de marzo de 2026.- La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana identificó una serie de irregularidades y cobros indebidos denunciados por ciudadanos que intentan liberar vehículos retenidos. La titular de la dependencia, Teresita de Jesús Balderas, reveló que se han detectado intermediarios y despachos que aprovechan la urgencia de los propietarios para realizar cobros externos fuera de los canales oficiales del gobierno municipal.
Operación de intermediarios en redes
De acuerdo con la funcionaria, se han expuesto entre siete y ocho casos recientes donde las víctimas señalan haber sido contactadas por personas que ofrecen gestionar la salida de sus unidades de los corralones. Estos intermediarios operan principalmente mediante anuncios en redes sociales y contactos directos en las inmediaciones de las concesionarias de arrastre, prometiendo agilidad en el trámite a cambio de pagos adicionales.
Intervención de la Fiscalía
Ante el incremento de estas quejas, la Fiscalía General ha solicitado información detallada a la Sindicatura para integrar las investigaciones correspondientes. Aunque los casos aún no se formalizan como denuncias administrativas internas, la gravedad de los testimonios ciudadanos ha impulsado una colaboración entre autoridades para frenar lo que se denomina como “coyotaje” en los trámites municipales.
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Evidencias contra despachos
Teresita de Jesús Balderas informó que la dependencia ya entregó evidencias consistentes en capturas de páginas de internet y datos de despachos involucrados en estas prácticas. El objetivo es identificar a los responsables de estos cobros indebidos que laceran la economía de los tijuanenses, quienes ante la desesperación por recuperar su patrimonio, acceden a entregar dinero por fuera del procedimiento reglamentario.
Recomendación a la ciudadanía
La Sindicatura exhortó a la población a no caer en engaños de gestores externos y a realizar sus trámites únicamente en las ventanillas autorizadas. Se advirtió que aceptar estos servicios no solo implica un gasto innecesario, sino que podría involucrar a los ciudadanos en procesos irregulares que compliquen la situación jurídica de sus vehículos.
