La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en apoyo a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), realizó la identificación y aseguramiento de 4,756 ejemplares de plantas “Siemprevivas de Isla de Cedros” (Dudleya pachyphytum), en Ensenada, Baja California.
Fueron presentadas ante el Ministerio Público Federal (MPF) 4 personas, 3 de nacionalidad coreana y 1 mexicana, quienes transportaban de manera ilícita, en un camión tipo rabón con caja cerrada y un vehículo compacto, los ejemplares de fauna silvestre.
En el Puesto de Seguridad Militar denominado “Chula Vista”, cercano a los límites de Baja California con Baja California Sur, elementos de la SEDENA llevaron a cabo revisiones simultáneas a 2 vehículos que circulaban de Sur a Norte: el primero una camioneta familiar, color blanco, modelo Pacifica, de año reciente, con placas de circulación del estado de California, E.U.A.
El segundo era un tracto camión marca Freigliner, color blanco, con caja cerrada de 55 pies camión, en el cual se les encontró un total de 64 cajas, las que contenían 4,756 plantas.
Al requerir a ambos choferes de los vehículos la documentación que acreditara su legal procedencia, éstos no mostraron documento alguno.
La especie Dudleya pachyphytum fue descubierta recientemente por Michael Benedict, del Jardín Botánico de Santa Bárbara California, siendo el primero en documentar su hallazgo hasta en el año 1971; dicha planta silvestre sólo habita en pequeñas superficies escarpadas y casi inaccesibles al Norte de ese bien insular.
Por lo que de seguir su saqueo ilegal de su medio silvestre, se podría poner en riesgo esta especie endémica y única en su tipo.
El Artículo 420, Fracción IV, del Código Penal Federal establece la imposición de penas de hasta nueve años de prisión y de hasta 3 mil días multa, a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico, o posea, o transporte algún ejemplar de una especie de flora silvestre, considerada endémica.
Además, señala que se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas se realicen o afecten un Área Natural Protegida o cuando se realicen con fines comerciales.
