Tijuana, 16 de marzo de 2026.- El comercio informal en Tijuana ha experimentado un crecimiento acelerado hasta alcanzar el 60% del mercado local, advirtió Olivaldo Paz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera. Esta expansión, que hace apenas tres años representaba solo el 20% de la actividad, está modificando drásticamente la dinámica económica de la ciudad y desplazando a las empresas legalmente constituidas.
De acuerdo con el líder camaral, los mercados sobre ruedas han dejado de ser una solución de abasto para colonias periféricas y se han desbordado hacia zonas urbanas consolidadas. Olivaldo Paz cuestionó la proliferación de estos puestos en áreas con servicios establecidos. “No sé qué tiene que haber un sobre ruedas en Playas de Tijuana, si cuando se creó el sobre ruedas fue para llevarlo a las colonias que crecían y que no existían los servicios”, señaló.
La principal preocupación de la Canaco radica en la falta de cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales por parte del sector informal. Al no importar productos formalmente, no pagar IVA, Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni prestaciones laborales, estos negocios operan con una ventaja injusta frente al comercio establecido. Según Paz, estos comerciantes evaden el grueso de la carga tributaria limitándose a pagar una licencia anual al municipio o cuotas a líderes de gremios.
Un ejemplo crítico de este desplazamiento se observa en la venta de autos usados. El titular de Canaco recordó que Tijuana era un referente nacional donde compradores de todo el país adquirían vehículos legalmente importados. Sin embargo, de los más de 180 lotes que pagaban impuestos y procesos de importación, hoy queda un vacío ocupado por la irregularidad. “Vayan allá a la zona este, hay más de 2,000 autos de todo tipo, y pregúntense si pagan impuestos. Ahí están y obviamente que las autoridades lo saben”, sentenció.
La Canaco hace un llamado urgente a las autoridades para reforzar la regulación, advirtiendo que, de continuar esta tendencia, la economía formal podría volverse insostenible. La falta de supervisión no solo afecta la recaudación pública, sino que debilita la estructura empresarial que sostiene empleos formales y prestaciones de ley en la región.
