La semana pasada, Carlos Urzúa, futuro titular de la Secretaría de Hacienda, informó que las pensiones, que serán de carácter universal, se comenzarán a entregar a partir de los 68 años, con excepción de aquellas personas de la tercera edad de zonas margina únicamente que seguirán obteniendo el apoyo a los 65 años.
A través de un punto de acuerdo, el grupo parlamentario priista detalló que entre 1990 y 2017 el porcentaje de la población infantil pasó de 38 por ciento a 27 por ciento, el de jóvenes disminuyó de 30 por ciento a 26 por ciento y el de personas de 60 años o más aumentó de 6.4 por ciento a 10.5 por ciento.
Además, argumentó, la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogaresarrojó que en tres de cada 10 hogares vivía al menos una persona de 60 años y más, mientras que 1.6 millones vivían solos, siendo en su mayoría mujeres.
“Vemos con preocupación que se pretenda incrementar de 65 a 68 años de edad el Programa de Pensión para Adultos Mayores, porque estaría excluyendo a poco más de 2 millones de personas de la tercera edad y a 235 mil beneficiarios que actualmente se encuentran en ese rango de edad”, indicó el tricolor.
“No es una política progresiva, es una medida que beneficiaría a un sector de la población que no requiere este beneficio y pondría en riesgo el único ingreso al que aspiran millones de mexicanos que viven en la pobreza y que, en muchos casos, emplean para su salud y alimentación”.
Los diputados priistas agregaron que incrementar la edad para acceder a una pensión, no constituye un criterio de ahorro ni una medida de austeridad, sino que constituye un golpe a un sector de la población que tiene como única fuente de ingreso una pensión para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda.
“¿Qué pasará con los mexicanos que hoy son beneficiarios del programa y quedarán excluidos por el incremento de edad? ¿Cómo se va a compensar el ingreso de los adultos mayores que sólo cuentan con este recurso para vivir?”, expuso el PRI.
