El ex gobernador de Veracruz decidió aceptar su extradición para enfrentar las acusaciones hechas por el gobierno de México, y afirmó no haber cometido los delitos de los que se le acusa.
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa decidió este martes allanarse a la solicitud formal de extradición que solicita el gobierno de México para enfrentar los cargos que se le imputan que cubren delincuencia organizada, lavado de dinero, incumplimiento del deber y tráfico de influencias.
La audiencia en Guatemala prevista para iniciar a las 9:30 de la mañana, hora del centro de México, se retrasó más de una hora.
Durante la tercera audiencia a la que asistió Duarte de Ochoa ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, el sospechoso rechazó las 19 pruebas de los cargos que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en contra del ex funcionario.
Sin embargo, aceptó regresar a México para enfrentar a la justicia mexicana: “He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición solicitada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”.
En este espacio, el Fiscal José Galdamez, de Guatemala le informó al ex funcionario que podría recibir condena de hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada y 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al tomar la palabra, el ex funcionario federal, puntualizó que, de acuerdo con la propia solicitud formal de extradición, no aparece su nombre en el registro agrario ni el de alguno de sus familiares que los vinculen como personas que hubieran pretendido el Ejido Lerma, en el estado de Campeche, por la adquisición ilegal de 21 parcelas en esa zona.
“En ningún caso, de todo lo que se expuso, se logró probar que esa organización supuesta de carácter delincuencial este generada o la participación de Duarte de Ochoa (…) Siendo que no existe una relación, sino trata de aclarar y encontrar la verdad, el ex gobernador, por medio de mi persona, va a aceptar enfrentar los cargos de imputaciones federales”, dijo el abogado de Duarte, el guatemalteco Carlos Velásquez, que aseguró el proceso de extradición presenta inconsistencias y no se sustentan las imputaciones contra su cliente..
El ex mandatario estatal, escuchó a la fiscalía cuando enumeró la lista de medios de prueba que México aportó para su extradición, entre los que se encuentran contratos en empresas, de arrendamiento y propiedad de al menos ocho departamentos en Veracruz y Guerrero.
La Procuraduría General de la República, informó sobre una investigación por el desvío de al menos 35,421 millones de pesos de recursos provenientes de partidas estatales y federales en Veracruz entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 52 denuncias penales ante la Procuraduría General dela República (PGR) por el presunto desvío de 45,000 millones de pesos durante los primeros años de la administración del exgobernador Javier Duarte.
(Con información de AP)
