Tijuana, Baja California, 7 de junio de 2026.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó sobre el incremento de la extorsión presencial en Baja California, un delito que impacta directamente a comerciantes y empresarios locales debido al contacto directo con los delincuentes, consolidándose como uno de los ilícitos con mayor crecimiento en la entidad durante los últimos meses.
Contexto del anuncio
La problemática cobró relevancia debido a que esta modalidad delictiva fue tipificada de manera reciente en el marco legal del estado. De acuerdo con el CCE, la falta de legislación previa retrasó la creación de estrategias oficiales, por lo que las corporaciones de seguridad y procuración de justicia apenas comienzan a estructurar los primeros mecanismos operativos para contener y combatir esta afectación a la economía regional.
Riesgos de la modalidad presencial
A diferencia de los engaños que ocurren de forma remota, el contacto directo eleva el nivel de peligro para las víctimas. El coordinador estatal del CCE, Octavio Sandoval López, explicó que, a diferencia de la extorsión telefónica, donde existen medidas preventivas como identificar llamadas sospechosas o cortar la comunicación, la modalidad presencial representa un riesgo mayor por la interacción directa con los afectados.
Sectores más afectados en los municipios
El fenómeno no se concentra en un solo rubro, sino que se ha extendido de manera horizontal por la región. Sandoval López refirió que en los municipios se da seguimiento a diversos casos de extorsión presencial, fenómeno que afecta a empresarios de distintos sectores y no únicamente a la industria de la construcción, especialmente cuando existen trámites administrativos prolongados.
Impacto futuro para la población
Ante este panorama, la iniciativa privada demanda una reestructuración en el control interno de los gobiernos locales para frenar la vulnerabilidad de las empresas durante sus gestiones oficiales. Para revertir la tendencia, Sandoval López consideró necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y denuncia dentro de los ayuntamientos para que los afectados puedan reportar posibles irregularidades ante las sindicaturas y se inhiban conductas indebidas que afecten la actividad económica.
