Playas de Rosarito, Baja California, 24 de abril de 2026.- El cuerpo de regidores de Playas de Rosarito, encabezado por la alcaldesa Rocío Adame, aprobó solicitar un informe detallado a la Sindicatura Municipal tras detectar anomalías en el manejo de los expedientes de control de confianza del C3. La falta de transparencia en la situación laboral de los policías pone en riesgo la seguridad jurídica y el presupuesto municipal.
El conflicto por la transparencia
Durante la sesión de Cabildo, los ediles cuestionaron que la Sindicatura pretenda manejar la información de los agentes como un asunto de “interés personal”. El órgano colegiado determinó que el estatus de los expedientes es de interés público, argumentando que la ciudadanía tiene derecho a saber cuántos oficiales cumplen con los requisitos de ley para portar un arma y vigilar las calles de la Zona Costa de Baja California.
Omisiones legales y riesgos financieros
Un punto central de la discusión fue la falta de notificación a los elementos que resultaron no aptos en sus evaluaciones. Al no existir un aviso legal, estos agentes mantienen sus derechos laborales intactos, lo que impide proceder con su baja o la suspensión definitiva de sus funciones operativas.
La alcaldesa Rocío Adame advirtió sobre las repercusiones de esta negligencia administrativa: “Si un oficial no es notificado, conserva el derecho de seguir cobrando y de defenderse”, señaló. Esta situación genera un gasto para el erario público por elementos que no pueden desempeñar sus funciones legales debido a su estatus ante el C3 estatal.
Intervención del Congreso del Estado
Ante la falta de claridad en el flujo de información, el Cabildo acordó elevar la petición al Congreso del Estado. Se busca que el Poder Legislativo intervenga para garantizar que la depuración policial en Rosarito sea legal y transparente. Se informó que durante la transición de la administración estatal y los cambios en el C3, los expedientes no fueron entregados completos a la Secretaría de Seguridad local, complicando el trabajo de la Comisión de Honor y Justicia.
Impacto en la corporación municipal
El estancamiento administrativo mantiene en la incertidumbre la situación de decenas de oficiales. Sin un informe técnico, la Comisión de Honor y Justicia no puede determinar si se levantan las suspensiones o se tramita la separación del cargo. El acuerdo aprobado establece que Sindicatura debe entregar un reporte técnico detallado antes de la próxima sesión ordinaria para deslindar responsabilidades por las omisiones detectadas.
