TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 28 DE JULIO DE 2025. – En una acción que reafirma el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Baja California, a cargo de la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, con la justicia y la atención a las víctimas, se logró obtener sentencia condenatoria de 25 años de prisión, así como el pago de multa y reparación del daño, en contra de ocho personas responsables del delito de secuestro agravado.
Gracias a las labores jurídicas y de litigación desarrolladas por la Coordinación de Averiguaciones Previas y Control de Proceso, adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana, se acreditó plenamente la responsabilidad penal de Manuel Enrique Ontiveros Ontiveros, Fernando Ontiveros Ontiveros, Faustino Salazar Félix, Elizabeth Soledad Chávez Amaro, Fidel Abelardo Robles Sobrino, Jesús Miguel Madrigal Molina, César Gabriel Santos González y José Manuel Monzón Beltrán, por su participación en un hecho ocurrido el 12 de febrero de 2015, cuando privaron de la libertad a una persona en la colonia Buenos Aires Sur de esta ciudad.
De acuerdo con la averiguación previa, el día de los hechos, aproximadamente a las 06:30 horas, tres de los hoy sentenciados (César Gabriel, Jesús Miguel y José Manuel) interceptaron a la víctima en las inmediaciones de una tortillería en la colonia antes mencionada. Los agresores, cubiertos con pasamontañas y armados, la sometieron y trasladaron a un domicilio en la colonia Las Torres, donde permaneció privada de su libertad hasta el 20 de febrero de 2015, bajo custodia de los otros implicados. Entre ellos, Elizabeth Soledad tenía como función proveer alimentos a la víctima.
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Durante el cautiverio, los responsables exigieron el pago de quinientos mil dólares por su liberación. Sin embargo, la intervención oportuna de la entonces policía ministerial permitió su rescate y la detención en flagrancia de los secuestradores.
Con fecha 1 de julio de 2025, el Juez dictó sentencia condenando a cada uno de los imputados a 25 años de prisión, 2,000 días de multa y pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Asimismo, se negaron beneficios procesales, dada la gravedad de la pena impuesta.
