Baja California, 23 de enero de 2025.- Dado que el gobierno federal tiene como objetivo el combatir los delitos fiscales en México, la emisión de comprobantes fiscales falsos ameritará una sanción penal con prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior lo indicó el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien señaló que para las autoridades fiscales y judiciales del país es una prioridad el combatir actividades ilícitas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales como la evasión y elusión de impuestos, el uso de facturas falsas y el lavado de dinero.
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“El fundamento jurídico permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudar impuestos de manera expedita, rechazando las facturas que estime sospechosas de contener una operación simulada, por eso la disuasión penal no ha sido necesaria para cumplir las metas recaudatorias”, apuntó.
No obstante, el abogado fiscalista refirió que el tema radica en que se haya incluido en el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO) “cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley”.
Pickett mencionó que eso se debe a que en ella no se describe en sí mismo un delito, lo que da pie a una interpretación amplia y ambigua, y le deja a la ley secundaria, es decir, al Código Fiscal de la Federación (CFF), la tarea de determinar cuáles conductas será consideradas una actividad relacionada con un falso comprobante fiscal.
Por otro lado, agregó, el CFF ya contiene más de 220 hipótesis que permiten al SAT restringir y, posteriormente, cancelar los Certificados de Sellos Digitales (CSD), lo que es un indicativo de que cuando se le deja a la autoridad fiscal la “libertad” para describir en la ley conductas indebidas, ésta es hábil para encontrar supuestos que perjudican al contribuyente.
“Además, los más afectados con la reforma constitucional no serán los grandes empresarios o empresas transnacionales, sino las pequeñas y medianas empresas, las pymes, las cuales constituyen el 97% del empresariado nacional”, destacó.
Para terminar, el Lic. Jorge Alberto Pickett comentó que este tipo de reformas generan un ambiente donde la extorsión inhibe una aplicación correcta de las facultades de fiscalización de las autoridades fiscales.
