Tijuana.- El regidor Manuel Rodríguez Monárrez, calificó como una arbitrariedad la reforma al artículo 69 del reglamento de tránsito, que permitirá a un concesionario la manipulación de inmovilizadores vehiculares.
“Como regidor en funciones y activista en contra de esta arbitrariedad, convoco a los Colegios de Abogados y a la sociedad en general a que se sumen a la demanda de amparo colectivo contra este ilegal acto de autoridad y al mismo tiempo se manifiesten en contra de la corrupción que impera en el fin del trienio de Gastélum y compañía”, expresó.
El edil, señaló que a nivel nacional e incluso internacional la colocación de inmovilizadores ha resultado ser un fracaso y que incluso en la Ciudad de México acaba de ser eliminada.
Mencionó que de acuerdo al artículo 17 del régimen municipal no se puede concesionar nada que tenga que ver con tránsito y que esto es una facultad exclusiva de la Dirección de Tránsito Municipal.
“Esto hace jurídicamente inviable el hecho de que la empresa Copemsa se meta al tema de los inmovilizadores.
Esta famosa Secretaria de la Movilidad hace estudios, pero en la práctica sólo sirven para sustentar la privatización de las banquetas y validar medidas privatizadoras”, comentó.
Rodríguez Monárrez, añadió que la colocación de inmovilizadores es un abuso que la ciudadanía va a padecer y que le hará hacer pagos de hasta mil pesos.
Indicó que ésta medida privatizadora es una muestra clara de los intereses, corrupción y de una estela de malos manejos que se validan a través de la nueva Secretaria de la Movilidad.
“Ha sido una constante la privatización en la ciudad, será muy oneroso estacionarse, no habrá estacionamientos gratuitos.
Esta no es una manera de forzar al ciudadano para usar el transporte público, poniendo multas y sanciones para captar más ingresos”, manifestó.
