¿Por qué los mexicanos no confían en sus funcionarios públicos?

Tijuana.- En el lugar 138 de 180 es donde se ubica México en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, un ranking que anualmente elabora Transparencia Internacional; donde sólo se alcanzaron 28 de 100 puntos posibles, posicionándose por encima de países como Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Pero ¿será esto lo único que incide en la percepción de los ciudadanos sobre sus representantes de gobierno?

Para el Mtro. Alfredo Estrada Caravantes, Director de la Escuela de Derecho de CETYS Universidad Campus Tijuana, se trata de todo un conjunto de elementos que generan una percepción: Se trata de la falta de cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de apegar sus decisiones al marco legal pero que, además, dichas decisiones estén libres de cualquier sospecha.

“Hay decisiones de las distintas esferas que en estricto sentido puede que sean legales, sin embargo, están investidas de alguna fuente de sospecha, si bien porque están dirigidas a beneficiar a alguna persona o grupos de personas, y con ello se rompe la obligación de que el servidor público tome decisiones por el beneficio de la colectividad o, por lo menos, de la mayoría”, explica.

En este sentido, asegura que en México hace falta un mayor análisis y revisión de casos basados en la responsabilidad política con la que cuentan los funcionarios una vez que arriban al gobierno, donde su justificación única frente a una decisión no se trate sólo de una responsabilidad jurídica.

“Los servidores públicos tienen el poder de administrar los recursos que generamos todos. Ese es un privilegio que pueden ejercer a cambio de que tomen decisiones en favor del interés general. Nunca de intereses particulares. En eso estriba la responsabilidad política, por lo que la administración de los recursos públicos tiene que estar libre de cualquier sospecha”, asegura.

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En ese sentido, apuntó el Mtro. Estrada, los servidores públicos no sólo tienen que observar la legalidad de sus acciones, sino cerciorarse de que no exista ninguna persona en lo individual o grupo que se beneficie sobre el interés general.