Tijuana, Baja California, 27 de julio de 2026.- Familiares del doctor Ángel Ali Ávila García se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tijuana para denunciar un presunto tráfico de influencias y serias irregularidades dentro del proceso penal que el médico enfrenta desde hace dos años tras la ruptura de una relación sentimental.
Los manifestantes señalaron que la investigación inicial fue catalogada como violencia familiar, pero apenas cinco días después la autoridad recalificó la causa penal al delito de feminicidio en grado de tentativa, imputación por la cual el profesional de la salud permanece bajo proceso judicial sin que se le permita integrar sus medios de prueba.
Modificación de delitos y falta de garantías a la defensa
Adriana Ávila García, hermana del médico imputado, expuso que durante el desarrollo de la causa penal han encontrado trabas sistemáticas para incorporar elementos probatorios en favor del acusado. Aseguró que la defensa cuenta con registros que demuestran que el médico también padeció agresiones físicas e instrumentales durante el periodo que duró la relación de pareja.
La representación familiar urgió a la FGE a revisar la actuación de los Ministerios Públicos encargados del expediente para garantizar la debida integración procesal y la aportación equitativa de evidencias.
Señalamientos por presuntas influencias de un funcionario estatal
De acuerdo con lo expuesto durante la manifestación, la parte denunciante es familiar directa de un funcionario en activo del Gobierno del Estado, quien se ha desempeñado en áreas de finanzas y presupuesto público, por lo que presumen un posible conflicto de interés dentro del poder judicial.
“El caso comenzó tras terminar una relación sentimental; la denunciante tendría parentesco con un funcionario del Gobierno del Estado, situación por la que pedimos investigar posibles influencias”, sostuvo Adriana Ávila García.
Exigen revisión exhaustiva e imparcialidad en el proceso penal
Ante las afueras de la dependencia estatal, la familia solicitó formalmente la intervención de los titulares del órgano procurador de justicia para auditar el expediente completo. Exigieron que el procedimiento legal se conduzca con estricto apego a derecho, garantizando la presunción de inocencia y permitiendo que los peritajes de la defensa sean desahogados formalmente en el juzgado.
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