Tijuana, Baja California, 14 de julio de 2026.- La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana determinó la suspensión provisional de una agente de la Policía Municipal tras abrirse una investigación por presuntamente impedir el acceso de una madre de familia a una ceremonia escolar de graduación el pasado 7 de julio, vulnerando los protocolos oficiales vigentes.
Sucesos ocurrieron el pasado 7 de julio
El caso cobró relevancia pública luego de que diversas denuncias en plataformas digitales expusieran la confrontación en el plantel escolar. La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, ordenó la apertura de un expediente de oficio de forma inmediata para corroborar si los oficiales comisionados al sitio operaron bajo los lineamientos obligatorios de perspectiva de género y pleno apego a la legalidad.
Incumplimiento de procedimientos y resguardo de pruebas
Las indagatorias internas arrojaron los primeros elementos documentales al día siguiente del altercado. Las autoridades de control interno recibieron un oficio formal el 8 de julio de 2026, donde se asentó detalladamente que la policía suspendida evadió las pautas de intervención obligatorias para los integrantes de la corporación civil. Respecto a la gravedad de las omisiones detectadas, Balderas Beltrán puntualizó de manera directa:
“El cumplimiento de dichos procedimientos constituye una obligación para las y los elementos policiales ante la posible comisión de un delito, además de que las documentales obtenidas durante la investigación advierten indicios sobre la participación de la agente suspendida en la intervención policial el día de los hechos”.
Diligencias administrativas buscan evitar alteración de evidencias
El órgano de control interno precisó que la separación temporal de la agente obedece a una estrategia de resguardo normativo dentro del procedimiento administrativo sancionador. Esta figura jurídica preliminar no dicta una sentencia definitiva sobre la culpabilidad de la uniformada, sino que busca dar transparencia al proceso. La funcionaria municipal aclaró la naturaleza jurídica de la sanción provisional del ayuntamiento:
“Esta acción tiene como finalidad evitar que la permanencia de la servidora pública en funciones pueda incidir en el desarrollo de la investigación, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a sus derechos laborales”.
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