Tijuana, Baja California, 2 de julio de 2026.- La empresa promotora del espectáculo taurino del próximo 5 de julio se quedó sin recursos legales para operar, por lo que la corrida de toros en Tijuana fue cancelada de manera definitiva. La resolución de un juzgado federal negó el amparo solicitado por los organizadores debido a irregularidades documentales severas.
Abdiel Gutiérrez Coronado, alcalde de Tijuana, informó que la resolución judicial deja sin sustento legal la realización del espectáculo y garantizó que el evento no se llevará a cabo. El primer edil señaló que las políticas de ordenamiento urbano exigen transparencia absoluta en los trámites, impidiendo que espectáculos públicos se efectúen fuera del marco de la ley municipal.
Añadió que el Ayuntamiento también revisará la posible falsificación de un documento que fue difundido públicamente y que presuntamente habría sido utilizado dentro del procedimiento relacionado con el permiso. El gobierno municipal buscará aclarar el origen de este papel para evitar fraudes procesales que confundan a la opinión pública de la frontera.
Negativa definitiva frena evento del 5 de julio
La suspensión definitiva fue negada en su totalidad por los magistrados federales, invalidando cualquier boleto vendido o promoción activa para el evento dominical. Esta resolución frena el regreso de la actividad taurina a los recintos locales, un tema que mantiene dividida a la población y bajo constante escrutinio a las dependencias reguladoras de espectáculos.
Por su parte, Alejandro Rivero Huerta, consejero jurídico del Ayuntamiento, explicó que el Reglamento Taurino establece que la facultad para otorgar permisos corresponde al presidente municipal. Ninguna otra dependencia o secretaría descentralizada cuenta con las atribuciones legales para emitir anuencias que comprometan la realización de este tipo de actividades.
Invalidez legal en los trámites de la promotora
Detalló que, aun suponiendo que el documento fuera auténtico, podría estar afectado de nulidad por no haber sido emitido por la autoridad facultada para ello. Esto significa que la ruta administrativa elegida por los organizadores carecía de validez jurídica desde su origen, un error que la Consejería Jurídica del municipio capitalizó para defender la autonomía del Ayuntamiento.
Inspección municipal y destino de las entradas vendidas
Finalmente, señaló que la defensa jurídica realizada por el gobierno municipal permitió obtener la negativa de la suspensión definitiva, por lo que el permiso con el que se pretendía realizar la corrida quedó sin efectos. Las autoridades locales hicieron un llamado indirecto a los ciudadanos a tomar precauciones respecto al boletaje adquirido para este evento cancelado.
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