Tijuana, Baja California, 2 de julio de 2026.- El gremio de abogadas María Sandoval de Zarco urgió a la Fiscalía General del Estado a indagar al operador del transporte público y el sitio de descenso tras el atropellamiento de menor de ocho años de edad en la colonia Buenos Aires, en la zona este de Tijuana.
La intervención legal surge tras el fallecimiento de la menor, un hecho que encendió las alarmas sobre los protocolos operativos de las unidades de ruta en la ciudad. La representación de las litigantes expuso la necesidad de que los peritajes iniciales contemplen todos los factores urbanos y humanos que intervinieron.
Enfoque integral sobre tres posibles implicados
El deslinde de responsabilidades que ejecutará el ministerio público no se concentrará únicamente en la persona que conducía el auto particular. La defensa de los derechos de las víctimas exige una reconstrucción metodológica de las acciones previas al impacto que cobró la vida de la niña.
“La Fiscalía General del Estado deberá realizar una investigación integral para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Las indagatorias tendrán que revisar una posible omisión de cuidados por parte de los responsables de la menor”, precisó Estefanía Campos, presidenta de la Barra.
Evaluación del descenso de pasaje en sitios prohibidos
El punto neurálgico del análisis pericial radica en la legalidad del paradero utilizado por el operador de la unidad. Los investigadores del caso examinarán si el chofer del camión o calafia abrió las puertas en un área autorizada por el reglamento municipal o si incurrió en una práctica negligente al dejar a los usuarios en un carril de alta circulación.
De igual manera, el proceso penal evaluará a la conductora civil involucrada en el incidente vial de la delegación Cerro Colorado. Los especialistas técnicos deberán certificar si la automovilista respetaba estrictamente las normas de tránsito vigentes, las señalizaciones de la colonia Buenos Aires y las condiciones físicas de seguridad al instante del percance.
Riesgo latente por falta de infraestructura peatonal
El caso evidencia el peligro constante que enfrentan los usuarios del transporte público masivo al descender en vialidades secundarias de Tijuana. La carencia de banquetas seguras y bahías exclusivas para autobuses obliga frecuentemente a los pasajeros a sortear carriles vehiculares de forma intempestiva.
La resolución de esta investigación por homicidio culposo establecerá un precedente relevante en el municipio sobre la corresponsabilidad en accidentes de tránsito. La comunidad exige que el dictamen no proteja malas prácticas operativas que ponen en riesgo la vida de los infantes en las colonias periféricas.
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