Tijuana, Baja California, 30 de junio de 2026.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California solicitó formalmente la intervención del Poder Legislativo para revisar y regular las actividades internas de los partidos políticos en la entidad, debido a que la falta de claridad actual propicia la organización de campañas anticipadas y complica la fiscalización de recursos fuera de los tiempos electorales oficiales.
El consejero presidente del organismo, Luis Alberto Hernández Morales, advirtió que en la actualidad no existe un proceso electoral en marcha ni una etapa formal de precampaña en el estado. Sin embargo, reconoció que las fuerzas políticas mantienen la facultad legal de realizar dinámicas organizativas para definir a sus liderazgos, una situación que camina en la delgada línea de la legalidad.
Acumulan 13 quejas por actos políticos en el estado
Entre las actividades partidistas permitidas por la ley y los actos que podrían constituir una infracción directa existe una zona gris de interpretación que ha generado constantes cuestionamientos públicos. El funcionario reveló que, a la fecha, el Consejo General ha recibido 13 asuntos formales y denuncias ciudadanas relacionados con este tipo de asambleas y movilizaciones anticipadas. No obstante, aclaró que el IEEBC únicamente aplica las reglas vigentes y carece de facultades legales para definir o inventar nuevos criterios sancionadores.
Congreso local debe definir límites a la promoción
Ante este panorama, el titular del instituto consideró conveniente que el Congreso del Estado y las instancias responsables del marco legal analicen a fondo las disposiciones actuales. El objetivo primordial de esta revisión normativa debe ser brindar una mayor certeza jurídica sobre los límites que deben respetar los aspirantes en sus procesos internos, evitando que la promoción política individual vulnere la equidad de las futuras contiendas.
Vacío en fiscalización nacional presiona equidad en Tijuana
Respecto al origen y destino del dinero utilizado en estos eventos masivos, el consejero refirió que existe un intenso debate dentro del Instituto Nacional Electoral para determinar la ruta correcta para supervisar los gastos realizados en actividades intrapartidistas. Al tratarse de una tarea que corresponde exclusivamente a la autoridad fiscalizadora nacional, las normativas locales quedan sujetas a las resoluciones del centro del país, lo que genera incertidumbre sobre el impacto social futuro en el gasto público y abre la puerta a que recursos de procedencia desconocida influyan en la vida democrática de Tijuana y el resto de los municipios de la región.
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