Tijuana, Baja California, 29 de junio de 2026.- Los padres de Silvia Aurora, la menor de edad que fue atropellada junto con su abuela por una automovilista que presuntamente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, denunciaron una nueva irregularidad en el proceso judicial tras revelar que la Fiscalía General del Estado (FGE) omitió por segunda ocasión incluir el examen de alcoholemia dentro de la acusación formal presentada ante el juzgado.
Juan Carlos López, padre de la menor afectada, calificó como preocupante el actuar de la representación social encargada de la procuración de justicia en la entidad, al tratarse de un elemento determinante para la tipificación del delito.
Omisión reiterada de la prueba toxicológica oficial
El desarrollo de las etapas procesales ha mostrado deficiencias constantes en la integración de las evidencias recabadas tras el siniestro vial. El padre de familia explicó que anteriormente una resolución judicial dejó fuera la referencia al estado de ebriedad de la conductora y ahora, nuevamente, la prueba toxicológica no apareció dentro de los documentos de acusación del expediente principal.
Intervención de la defensa particular de las víctimas
Ante el riesgo de que la omisión institucional debilitara el caso y facilitara una condena menor para la imputada, los asesores jurídicos de los afectados tuvieron que actuar de urgencia en la sede del tribunal. Ante esa situación, indicó que la representación legal de la familia tuvo que intervenir para incorporar el resultado del examen y evitar que un elemento clave del caso quedara fuera del proceso penal.
Desarrollo de la audiencia intermedia bajo observación pública
El proceso penal entra en una etapa crítica donde se definirá el destino de las evidencias que se desahogarán en el juicio oral. En estos momentos se está desarrollando la audiencia intermedia en donde se deberán presentar las acusaciones y pruebas en el proceso que se sigue en contra de la acusada de ser responsable del accidente que sucedió el pasado mes de agosto. Los padres de la menor insistieron en que las autoridades responsables de la investigación deben garantizar que todas las evidencias sean consideradas para evitar afectaciones al proceso, por lo que pidieron que el desarrollo del caso se mantenga bajo observación pública ciudadana.
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