Tijuana, Baja California, 2 de junio de 2026.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California inició una revisión exhaustiva de actas circunstanciadas y carpetas de investigación ante la discrepancia entre la baja oficial de homicidios y el incremento de personas desaparecidas en la región, un fenómeno que mantiene altos niveles de inseguridad e incertidumbre entre la población local.
Contraste de datos oficiales
La apertura de expedientes busca determinar si la información enviada al Sistema Nacional de Seguridad Pública refleja la realidad del estado o si existe una reclasificación conveniente de los delitos. Ciudadanos y colectivos han señalado constantemente que las cifras de la autoridad no coinciden con la violencia diaria en las calles de los municipios de la entidad.
¿Cifras reales o maquillaje?
El titular del organismo Edgardo Flores Campbell, dijo en conferencia de prensa que se evaluará el rezago y la veracidad de los reportes emitidos por las instituciones de procuración de justicia. El análisis se concentrará en identificar si las carpetas se archivan bajo criterios técnicos correctos o si se utilizan nomenclaturas alternativas para suavizar el impacto estadístico del impacto delictivo ante la opinión pública.
“Hemos entrado en una fase de revisión de algunas y la clasificación tanto de los NACs y los NUCs famosos”, explicó Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
El representante añadió que en este ejercicio de verificación “podremos dar cuenta y estaremos con especial observancia revisando pues si son cifras maquilladas o son cifras que atienden a la veracidad”.
Impacto para la ciudadanía
Para los habitantes de Baja California, este proceso representa la oportunidad de transparentar la crisis de seguridad. Un registro delictivo confiable permite la asignación real de patrullas y recursos de prevención en las colonias más afectadas, evitando que las denuncias queden en el olvido institucional.
El Consejo Ciudadano fortalecerá los comités de vigilancia comunitaria para que la misma población evalúe las zonas de riesgo. Adicionalmente, se espera la integración de Baja California a la nueva estrategia nacional de inteligencia, coordinada a nivel federal, para unificar los criterios de investigación criminal.
