Tijuana, Baja California, 31 de mayo de 2026.- La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Reina de México, en el Ejido Matamoros, fue escenario de una manifestación pacífica donde un grupo de ciudadanas exigió transparencia en las investigaciones contra el presbítero Noel Sebastián De Mello. El clérigo fue denunciado ante las autoridades ministeriales del estado por conductas vinculadas a violencia sexual.
Exalumnas rompen el silencio
Varias de las mujeres asistentes a la movilización indicaron que coincidieron con el sacerdote cuando este brindaba servicios en la escuela Santa Rosa de Lima, ubicada en la colonia Sánchez Taboada. Las afectadas expusieron pancartas denunciando malas prácticas dentro de los entornos educativos y religiosos, haciendo un llamado general a la población para erradicar el encubrimiento eclesiástico.
Testimonio de las afectadas
Isabel Morales, manifestante y antigua estudiante del centro escolar, externó el impacto personal que le causaron los hechos y el motivo por el cual decidió sumarse activamente a las demandas públicas de justicia en el municipio:
“No nos vamos a ir y no nos vamos a dejar las cosas así hasta que veamos que hay una justicia de verdad. Queremos justicia. Basta de encubrir violadores, abusadores, pederastas. Que no se ciegue la gente; un sacerdote es un hombre común y corriente”.
Respaldo a religiosa denunciante
La movilización civil en el Ejido Matamoros se originó a raíz de una denuncia penal formalizada ante la Fiscalía General del Estado por una integrante de las Misioneras de la Cruz. Sabina Franco, organizadora de la movilización, comentó que el acompañamiento busca dar valor a más víctimas del entorno parroquial o escolar para que denuncien los agravios cometidos sin temor a recibir represalias.
Futuras acciones ciudadanas
Laura Franco Sánchez, madre de familia presente en el acto, recriminó públicamente la pasividad institucional ante las denuncias hacia miembros de la Iglesia católica. De no concretarse la separación de actividades del párroco en el periodo fijado de 30 días, el colectivo social tiene previsto trasladar las manifestaciones directas a las oficinas de la Arquidiócesis de Tijuana y convocar a asambleas públicas.
