Por Isabel Mendoza
Tijuana, 27 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Baja California aprobó el pasado jueves una reforma integral al Código Penal que establece penas de ocho a 15 años de prisión para quienes provoquen accidentes fatales bajo el influjo del alcohol, exceso de velocidad o uso del celular. La iniciativa busca cerrar las lagunas legales que permitían a responsables de homicidios viales llevar sus procesos en libertad.
La diputada local Evelyn Sánchez, impulsora de la reforma, explicó que la legislación nació ante la impunidad en casos donde la justicia se veía limitada por interpretaciones subjetivas del Código Penal. La legisladora relató el caso de un joven llamado Cristian, fallecido en 2021, cuya familia enfrentó una batalla de tres años sin obtener una sentencia firme debido a que la conducta del responsable no estaba correctamente tipificada como dolo eventual.
La modificación legislativa, aprobada por 20 votos en el pleno, impacta directamente en la clasificación de los accidentes provocados por conductas de riesgo. Sánchez enfatizó que, tras las reformas a los artículos 14, 75 y 255 del Código Penal, la conducta del infractor cambiará de estatus: “Desde el momento que el individuo o el sujeto se suba a una unidad en una condición de estado de ebriedad, que vaya en exceso de velocidad, que vaya en el celular, va a tener una sanción de ocho a 15 años de prisión en automático”.
La medida busca eliminar la discrecionalidad judicial que permitía a imputados afrontar procesos penales fuera de prisión. Con este cambio, conducir en condiciones peligrosas se eleva a una responsabilidad penal inmediata. Según la diputada, el objetivo es que el ciudadano comprenda que, al ignorar las normas de tránsito, el vehículo se convierte en “un arma mortal” y las consecuencias legales serán proporcionales a la gravedad del daño causado a las víctimas.
Una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, la ley entrará en vigor. La diputada anunció que se enviarán documentos a las alcaldías de los municipios para que refuercen las campañas de prevención y políticas públicas de concientización sobre la responsabilidad al conducir.
