Por Isabel Mendoza
Tijuana, 22 de mayo de 2026.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, exigió formalmente a la Fiscalía General del Estado actuar con máxima severidad ante los recientes casos de asesinatos de gatos registrados en Tijuana y la región. El pronunciamiento surge tras la indignación ciudadana generada luego de que un sospechoso implicado en estos actos de crueldad animal fuera liberado debido a la falta de una orden de aprehensión oportuna.
La mandataria estatal calificó la situación como alarmante y enfatizó que el Poder Ejecutivo ha cumplido con robustecer el marco jurídico para proteger a las especies domésticas. Sin embargo, remarcó que ahora la responsabilidad operativa de evitar la impunidad recae directamente sobre el ministerio público, particularmente en el área dedicada a perseguir estos delitos ambientales y de crueldad en la zona costa de Baja California.
“Yo le estoy pidiendo a la fiscalía que actúe con mucha exigencia de respeto a la ley. Nosotros somos un Estado, que ha hecho un esfuerzo muy grande en el bienestar animal, en reforzar las leyes para castigar a quien maltrate a los animales en Baja California”, puntualizó la gobernadora.
El endurecimiento de las penas por maltrato animal impacta de manera directa a municipios como Tijuana, donde las denuncias ciudadanas por agresiones a mascotas han ido al alza. Ávila Olmeda defendió las reformas legales impulsadas durante su gestión, señalando que se han incrementado los castigos penales como nunca antes en la entidad para salvaguardar la integridad de los animales.
“Exigirles que por favor todo el peso de la ley, se han hecho esfuerzos muy grandes para castigar a quien maltrate a los animales en Baja California y lo que hicieron estos sujetos o este sujeto o estas personas nos ofende a los Baja californianos, porque en Baja California es un estado de gente trabajadora, honesta, integra, y así nos conducimos. Entonces pedimos a la fiscalía especializada en esta materia que por favor aplique la ley de forma severa”, manifestó de forma directa.
Tras estos acontecimientos, se espera que la fiscalía especializada optimice los tiempos de integración de las carpetas de investigación para evitar que vacíos procesales permitan la liberación de agresores. La comunidad civil organizada y rescatistas de la zona metropolitana costera mantendrán la vigilancia sobre el caso para asegurar que se ejerza la acción penal correspondiente contra el imputado.
