Tijuana, Baja California, 21 de mayo de 2026.- La implementación de normas para perseguir de oficio la extorsión, garantizar el anonimato ciudadano y endurecer sanciones a funcionarios coludidos forma parte de la estrategia nacional para combatir este delito en hogares y comercios. El proyecto legal y operativo fue presentado durante la firma del “Pacto Nacional de Denuncia Anónima contra la Extorsión”, donde se anunció una ruta de coordinación para frenar las afectaciones delictivas en el sector productivo del país.
Antecedentes y violencia contra el sector comercial
Durante el encuentro institucional, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que el sector empresarial ha insistido en fortalecer las condiciones para reducir el impacto de este delito. Refirió que tres líderes empresariales han sido asesinados tras denunciar casos de extorsión, situación que impulsó reuniones con el Gobierno federal para promover una legislación especializada contra este ilícito.
Mecanismos de protección mediante la línea 089
La nueva estructura jurídica busca eliminar el temor a las represalias que frena la participación de los comerciantes afectados en los estados de la frontera norte. El líder empresarial explicó que la nueva ruta nacional contempla que las autoridades actúen sin necesidad de denuncia directa, además de proteger la identidad de quienes reporten hechos a través de mecanismos como la línea 089, asegurando un blindaje informativo total para los denunciantes.
Resultados de los observatorios delictivos privados
Por otra parte, se destacaron los avances obtenidos mediante las herramientas tecnológicas de monitoreo desarrolladas por el propio sector privado en las entidades federativas. Añadió que el observatorio delictivo impulsado por Concanaco ha permitido incrementar la denuncia anónima y disminuir casos de extorsión telefónica y fraudes mediante plataformas digitales en distintas regiones del país, sirviendo como base para el nuevo esquema legal.
Próximos pasos e impacto en la economía local
De la Torre de Stéffano indicó que ahora el objetivo es enfrentar delitos como el cobro de piso y derecho de paso, mediante coordinación entre autoridades y sector privado, estrategia que será replicada a nivel nacional. Con la adopción de este pacto, se espera que en los próximos meses los Congresos locales homologuen sus códigos penales para facilitar la intervención de las fiscalías y robustecer la seguridad en corredores comerciales clave de municipios como Tijuana, Mexicali y Ensenada.
