Tijuana, Baja California, 20 de mayo de 2026.- El incremento en las facultades de fiscalización de las autoridades financieras y tributarias permite actualmente la aplicación de restricciones patrimoniales inmediatas, una situación que puede dejar en estado de indefensión a los contribuyentes frente al congelamiento de sus cuentas bancarias, alertaron especialistas en la materia económica local.
Mecanismos basados en indicios u operaciones atípicas
Juan Carlos Loaiza Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, sostuvo que hoy en día existen mecanismos legales específicos para inmovilizar fondos financieros con base únicamente en indicios. Las modificaciones normativas facultan el bloqueo de activos cuando se detectan transacciones comerciales u operaciones operativas consideradas atípicas por los sistemas de monitoreo centralizados.
Cómo se activa una revisión fiscal
El especialista mercantil explicó que los movimientos financieros que se salen del perfil habitual o del patrón de comportamiento de un cliente son el principal detonante para activar alertas. Estas revisiones preventivas son ejecutadas de manera coordinada por las instituciones bancarias privadas y por las dependencias fiscales encargadas de supervisar el origen y destino de los recursos económicos en el país.
El perfil de riesgo y los criterios discrecionales
Aun cuando no exista todavía una resolución definitiva que determine una falta o irregularidad real, el perfil de riesgo asignado al contribuyente es el factor determinante para aplicar estas medidas precautorias. Loaiza Hernández consideró que el crecimiento de estas facultades representa un tema sumamente sensible para la ciudadanía, ya que limita de forma drástica los derechos patrimoniales bajo criterios de evaluación que pueden resultar discrecionales.
Escenario legal y defensa ciudadana
Ante la aplicación de estas restricciones, se anticipa un incremento en la saturación de las vías legales de defensa. El representante de los contadores indicó que los ciudadanos afectados se ven obligados a recurrir de inmediato a complejos procedimientos administrativos de aclaración ante la propia autoridad o, en su caso, promover juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para salvaguardar sus derechos constitucionales de forma jurídica.
