Tijuana, Baja California, 20 de mayo de 2026.- Seis estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 18 en Mexicali enfrentan un proceso legal tras provocar una explosión con sustancias químicas dentro del plantel el pasado 14 de mayo. La Fiscalía General del Estado descartó el uso de una bomba molotov y confirmó que el incidente derivó de un experimento fallido, por lo que los menores son investigados penalmente.
Contexto del incidente en la secundaria
El siniestro se registró en el municipio de Mexicali, cuando una botella de plástico que contenía ácido muriático y otros componentes químicos estalló dentro de un salón de clases. Elementos de la policía municipal detuvieron en el sitio a los implicados, un grupo conformado por cuatro hombres y dos mujeres, todos alumnos de la institución educativa.
Hallazgos de la investigación estatal
Durante la conferencia semanal encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, las autoridades judiciales compartieron los avances del caso. La fiscal regional, Claudia Janeth Espinoza Fino, detalló que los adolescentes ya habían manipulado estos componentes químicos previamente.
“No, era un experimento que ellos dijeron volver a realizar, al parecer un día antes estaban llevando a cabo un experimento”, declaró la funcionaria.
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El peritaje inicial confirmó que, tras colocar las sustancias en el envase, los alumnos esperaron la reacción química que detonó el artefacto, el cual no generó incendios ni daños estructurales de gravedad en la escuela.
Implicaciones legales para los menores
A pesar de su condición de menores de edad, las autoridades ministeriales advirtieron que las conductas tienen consecuencias jurídicas. La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, precisó que la entrega de los jóvenes a sus tutores no frena las indagatorias.
“El hecho de ser entregados a sus padres no quiere decir que no exista un proceso”, afirmó Andrade Ramírez.
La institución estatal enfatizó que el caso se mantendrá bajo los lineamientos de la Ley para Adolescentes. Los involucrados podrían enfrentar cargos formales por pandillerismo y otras conductas delictivas que se configuren durante las próximas etapas procesales.
Futuro del proceso y entorno escolar
El caso seguirá su curso formal mediante la integración total de la carpeta de investigación y la posterior presentación del expediente ante un juez especializado en adolescentes. Este hecho abre el debate a nivel estatal sobre la supervisión de sustancias restrictivas en los planteles y el reforzamiento de los protocolos de seguridad escolar en Baja California para prevenir incidentes que pongan en riesgo a las comunidades educativas.
